La extorsión, una sombra que acecha a la sociedad mexicana, se ha convertido en un monstruo de mil caras, capaz de infiltrarse en nuestras vidas a través de una llamada telefónica, un mensaje de texto o incluso una amenaza presencial. El miedo que paraliza, la incertidumbre que corroe, el daño patrimonial que asfixia… Estas son las cicatrices que deja a su paso este delito, un flagelo que no solo afecta a las víctimas directas, sino que también mina la confianza en las instituciones y frena el crecimiento económico del país. Imaginen el peso de 26 mil millones de pesos, una cifra que, según la Coparmex, representa las pérdidas generadas por la extorsión tan solo en 2024. Una cifra que habla por sí sola, que grita la urgencia de implementar medidas contundentes para combatir este cáncer social.

La Estrategia Nacional contra la Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, se erige como un faro de esperanza en medio de la tormenta. Una estrategia que, a un año de la actual administración federal, se consolida como una de las principales acciones de gobierno para erradicar la violencia. Y en el corazón de esta estrategia, late una propuesta revolucionaria: perseguir la extorsión de oficio. ¿Qué significa esto? Que el Estado, reconociéndose como víctima, asuma la responsabilidad de investigar este delito sin necesidad de una denuncia previa. Un cambio de paradigma que busca romper el ciclo del silencio impuesto por el miedo y las amenazas.

Piensen por un momento en la angustia de una persona que sufre extorsión. El terror a represalias, la desconfianza en las autoridades, la sensación de vulnerabilidad… Muchas veces, el miedo es tan grande que la víctima prefiere callar, permitiendo que el delito quede impune y que los extorsionadores sigan operando con total libertad. Con la persecución de oficio, se elimina esta barrera, se tiende una mano a las víctimas y se les brinda la protección que necesitan para alzar la voz. Ya no tendrán que enfrentarse solas a este monstruo, el Estado estará ahí para respaldarlas, para investigar y para llevar a los culpables ante la justicia.

La diferencia es abismal. Mientras en delitos como el daño a la propiedad o las lesiones, se requiere la querella de la persona afectada para iniciar una investigación, en el caso de la extorsión, el Estado toma la iniciativa. Y esto no es un capricho, es una necesidad. No estamos hablando de un simple conflicto vecinal o vehicular, donde la mediación o la conciliación pueden ser la solución. Estamos hablando de un delito que deja profundas heridas psicológicas, que destruye patrimonios y que siembra el terror en la sociedad.

La reforma constitucional que propone la presidenta Sheinbaum, y que ya ha sido aprobada por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, es un paso crucial en esta lucha. No solo se busca perseguir la extorsión de oficio, sino también incrementar las penas y crear una ley general en la materia. Un conjunto de medidas que buscan asestar un golpe contundente a las redes de extorsión y brindar una mayor protección a la ciudadanía.

El balón está ahora en la cancha de los legisladores. De su decisión depende el futuro de esta reforma, la esperanza de miles de víctimas y la posibilidad de construir un México más seguro y justo. Es momento de que el Congreso asuma su responsabilidad y apruebe esta iniciativa que, sin duda, marcará un antes y un después en la lucha contra la extorsión.