La nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) inicia su periodo con un discurso triunfalista que contrasta con la preocupante realidad que se esconde tras las cifras. Si bien es cierto que el número de asuntos pendientes se ha reducido, este logro superficial oculta una profunda transformación institucional que amenaza con paralizar al máximo tribunal del país. La supresión de las Salas, un mecanismo crucial para el procesamiento eficiente de miles de casos, es una herida de gravedad a la funcionalidad de la Corte. Mientras que entre 2011 y 2024 las Salas resolvieron más del 93% de los expedientes, ahora todo el peso recaerá sobre un Pleno reducido, expuesto al escrutinio público y a la presión política, lo que inevitablemente resultará en debates interminables, desgaste institucional y una preocupante lentitud en la impartición de justicia.

Esta nueva dinámica, lejos de agilizar los procesos, amenaza con saturar al Pleno y convertirlo en rehén de su propia inercia. La SCJN hereda casos de alto impacto, desde la eliminación de la prisión preventiva oficiosa hasta litigios fiscales que involucran miles de millones de pesos de empresas como Elektra, Telefónica y Primero Mining, sin olvidar la condena contra Google y la demanda del Consejo de la Judicatura contra Nafin. Estos casos, de enorme trascendencia para los derechos humanos, la política fiscal y los límites del poder económico y político, exigen una actuación impecable por parte de los ministros, con solvencia técnica y una inquebrantable autoridad moral.

Sin embargo, la realidad dista mucho de este ideal. La mayoría de los proyectos terminados que podrían encauzar las primeras discusiones provienen de ministras que permanecen en la Corte, mientras que las nuevas incorporaciones, algunas rodeadas de polémica, muestran una preocupante falta de productividad. Este escenario plantea serias dudas sobre la capacidad del nuevo tribunal para afrontar los complejos desafíos que tiene por delante. La experiencia y la solvencia jurídica parecen haber cedido terreno a la militancia política, lo que transforma a la Corte en un escenario de ideologías y lealtades, un lujo que México no se puede permitir.

La imparcialidad judicial, pilar fundamental de un Estado de derecho, se ve amenazada por la creciente influencia política. Un ministro no debe ser un militante disfrazado de juez, sino un árbitro neutral capaz de garantizar la justicia en un país profundamente dividido. El legado de la Corte, construido a lo largo de tres décadas, se desvanece ante la inminencia de una justicia politizada e ineficiente. La supresión de las Salas no es un mero detalle técnico, sino un atentado contra la capacidad de respuesta del máximo tribunal, precisamente cuando más se necesita una institución ágil, independiente y blindada frente a la presión política.

Este nuevo Poder Judicial, carente de la autonomía necesaria para resolver disputas fiscales y comerciales sin sucumbir a los intereses del poder, y sin la posibilidad de pronunciarse sobre libertades fundamentales sin seguir el dictado del Palacio Nacional, se encuentra a todas luces a la deriva. La legitimidad de la Corte, construida con esfuerzo a lo largo de los años, se ha evaporado, dejando tras de sí un vacío institucional que amenaza con socavar los cimientos del Estado de derecho.

Nos encontramos ante un punto de inflexión en la historia del Poder Judicial mexicano. La normalización de la mediocridad, la complicidad con el poder político y la pérdida de la autonomía son síntomas de una profunda crisis que pone en jaque la vigencia misma del Estado de derecho. Lo que está en juego no es solo la resolución de unos cuantos casos mediáticos, sino la capacidad del sistema judicial para garantizar la justicia y la protección de los derechos fundamentales de todos los mexicanos. Este capítulo, sin duda, será recordado como la muerte de la justicia y la claudicación del derecho frente al poder. La historia, como bien lo advirtió Norma Piña, juzgará a quienes juzgaron, pero el daño, lamentablemente, ya estará hecho.