La sombra de la corrupción se cierne sobre la central termoeléctrica Carbón II de Nava, Coahuila, tras el colapso que dejó a la región sumida en la oscuridad. Más allá de una simple falla técnica, el apagón ha destapado una intrincada red de irregularidades que involucran sobreprecios millonarios, combustible ilegal y un preocupante desdén por el medio ambiente. La imagen de una planta operando con diésel y combustóleo en calderas diseñadas para carbón, como un corazón latiendo con la sangre equivocada, es solo la punta del iceberg.

Las denuncias de los productores locales, como un coro de voces ahogadas por el rugir de las máquinas, pintan un panorama desolador. Hablan de 2 a 2.5 millones de litros de diésel adquiridos con un sobreprecio de hasta siete pesos por litro. Un sobrecosto que, según señalan, contaba con el respaldo del director regional interino de la CFE, José Manuel Robles, y del ingeniero Alfonso Becerra, quienes justificaron la operación sin transparentar los motivos. ¿A dónde fue a parar ese dinero? ¿Quiénes se beneficiaron de esta danza de millones? Estas preguntas, como espectros, rondan la investigación y exigen respuestas.

La situación de los mineros de la región añade otra capa de complejidad al drama. Más de 70 familias se han visto afectadas, desplazadas de su fuente de trabajo bajo el argumento de la “mala calidad” del carbón local. Una acusación que, a la luz de los recientes acontecimientos, se antoja como una cortina de humo para justificar la compra de combustible a sobreprecio. ¿Se sacrificó el sustento de estas familias en el altar de la corrupción?

El decomiso de un buque con 10 millones de litros de diésel ilegal en Altamira por parte de la Secretaría de Marina (Semar) arroja aún más leña al fuego. Este hallazgo no solo confirma la existencia de un mercado negro operando en las sombras, sino que también plantea interrogantes sobre la posible conexión entre este combustible ilícito y la central de Nava. ¿Era este el destino final del diésel decomisado? La suspensión del consumo de diésel por parte de la CFE tras el incidente parece una admisión tácita de culpabilidad, un intento desesperado por borrar las huellas de un delito.

A este turbio panorama se suman las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Millones de toneladas de carbón sin trazabilidad ingresaron a la planta entre 2020 y 2023, como fantasmas que atraviesan las paredes sin dejar rastro. ¿De dónde provenía este carbón? ¿Quién lo suministraba? La falta de transparencia en estos procesos alimenta la sospecha de un esquema diseñado para ocultar manejos fraudulentos.

El impacto ambiental de esta operación, como una herida abierta en el paisaje, no puede ser ignorado. El Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) ha reportado cifras alarmantes: más de nueve millones de toneladas de dióxido de carbono y 100 mil de dióxido de azufre generadas por la central solo en 2023. Estos datos convierten a Carbón II en una de las instalaciones más contaminantes del país, un monumento a la irresponsabilidad ambiental.

Con una eficiencia térmica de apenas el 27%, la central de Nava se revela como un modelo de ineficiencia, un agujero negro que devora recursos y escupe contaminación. El apagón, lejos de ser un evento aislado, es el síntoma de un sistema enfermo, corroído por la corrupción y la falta de planificación. Un sistema que, como advierten los especialistas, podría llevarnos del apagón local a una crisis energética de alcance nacional. La pregunta que queda en el aire, como una amenaza latente, es: ¿cuánto tiempo más podremos ignorar las señales de alarma antes de que sea demasiado tarde?