Un nuevo capítulo se abre en la historia del Poder Judicial de la Ciudad de México. 137 magistrados y jueces, elegidos para velar por la justicia en la capital, han jurado solemnemente hacer guardar la Constitución y desempeñar sus funciones con lealtad y patriotismo, buscando siempre el bien común. Este acto, celebrado en el Congreso capitalino, ha sido calificado por muchos como un hito, un punto de inflexión en la administración de justicia en la ciudad. La promesa de una justicia más cercana al pueblo, más transparente y accesible, resonó en las palabras de los diputados presentes.

Jesús Sesma, presidente de la Mesa Directiva del Congreso, enfatizó la necesidad de servidores públicos comprometidos no solo con las instituciones, sino, y sobre todo, con la gente. Recordó que la reforma del Poder Judicial busca precisamente fortalecer su independencia y autonomía, liberándolo de ataduras y compromisos que no sean el bienestar ciudadano. Un llamado a la justicia, a la lealtad y a la soberanía, recordando que la única deuda que estos nuevos funcionarios tienen es con el pueblo, y que la mejor manera de honrarla es a través de una justicia imparcial para todos.

Desde diferentes bancadas, las voces de los diputados se unieron en un llamado a la responsabilidad, a la ética y a la empatía. Diana Sánchez Barrios, de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, instó a los nuevos magistrados y jueces a guiarse por una visión humanitaria, justa y apegada a la Constitución. Alejandro Carbajal, de la Asociación Parlamentaria Progresista de la Transformación, celebró este paso hacia una democracia más sólida, donde la justicia sea un derecho igualitario y accesible para todos. Sin embargo, advirtió sobre el reto que implica evitar la politización del Poder Judicial y mantenerlo abierto al escrutinio ciudadano y a la profesionalización.

Nora Arias, del PRD, recalcó la importancia de cumplir con el compromiso adquirido, haciendo valer la Constitución y las leyes con independencia, imparcialidad y ética. Roifid Torres, de Movimiento Ciudadano, señaló que este es el inicio de una etapa de prueba para este nuevo modelo, instando a los funcionarios a buscar la independencia y ejercer sus funciones con libertad. Ernesto Villarreal Cantú, del PT, vio en este acto una oportunidad para que la justicia vuelva a pertenecer al pueblo. Manuel Talayero, del PVEM, deseó éxito a los funcionarios entrantes en su labor de impulsar la justicia social en una capital en constante evolución. Diego Garrido, del PAN, los invitó a responder únicamente a la justicia, eliminando los flagelos que aún aquejan a la ciudad. Xóchitl Bravo, de Morena, celebró la conquista del derecho a elegir a quienes imparten justicia y pidió una nueva etapa libre de corrupción e intereses particulares.

Sin embargo, no todas las voces se unieron a la celebración. Tania Larios, del PRI, se manifestó en contra del proceso, alegando fraude y simulación, y negándose a legitimar lo que consideró una ilegalidad. Su ausencia en el evento protocolario y su protesta a las afueras del recinto legislativo pusieron de manifiesto la controversia que aún rodea este proceso y el desafío que representa para los nuevos funcionarios demostrar su imparcialidad y compromiso con la justicia. El futuro del Poder Judicial de la Ciudad de México se escribe ahora, con la esperanza de una justicia más cercana al pueblo y la sombra de la desconfianza que aún persiste.