La inquietud que genera la posible manipulación de la Ley de Derecho de Réplica desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación no puede ser ignorada. Se percibe una preocupante desviación del propósito fundamental de este recurso legal, que debería ser el de garantizar un debate público equilibrado y la posibilidad de rectificación ante información inexacta. Sin embargo, lo que se vislumbra es su perversión hacia una herramienta de coacción contra la prensa crítica, una suerte de mordaza disfrazada de legalidad.

La idea de "sanciones inmediatas" contra medios de comunicación que no publiquen réplicas de manera instantánea, como sugiere la ministra Batres, es particularmente alarmante. Imaginemos las implicaciones: un tribunal decidiendo qué, cuándo y cómo debe publicar un medio, imponiendo plazos y formatos que podrían vulnerar su independencia editorial. Esto no es fortalecer el derecho de réplica, sino controlar la narrativa pública y silenciar voces disidentes.

Es esencial comprender la delicada asimetría de poder que existe entre las figuras públicas y los medios de comunicación, o incluso los ciudadanos comunes. Un funcionario, con todo el aparato del Estado a su disposición, tiene una capacidad de influencia y difusión infinitamente mayor que un periodista o un ciudadano que busca ejercer su derecho a la crítica. Dotar a la autoridad de mecanismos adicionales para sancionar y silenciar a la prensa agrava aún más esa desproporción, generando un escenario de indefensión e intimidación.

La verdadera justicia, en el ámbito de la libertad de expresión, no se construye con amenazas ni castigos, sino con transparencia y garantías para el ejercicio del periodismo. En lugar de buscar mecanismos para amordazar a la prensa, la Suprema Corte debería enfocar sus esfuerzos en proteger a los periodistas de las agresiones, las amenazas y la violencia que enfrentan cotidianamente. ¿Dónde están las "sanciones inmediatas" para quienes atentan contra la vida de los comunicadores, para quienes los acosan e intimidan, para quienes promueven un clima de hostilidad contra la prensa crítica?

La libertad de expresión es un pilar fundamental de cualquier democracia. Su debilitamiento implica la erosión del Estado de derecho y la apertura a regímenes autoritarios. La Suprema Corte, como máximo garante de la justicia, tiene la responsabilidad de proteger este derecho, no de socavarlo con interpretaciones legales torcidas y proyectos que amenazan la libertad de prensa y, en última instancia, la libertad misma. El silencio cómplice ante estas iniciativas no es una opción. Es necesario alzar la voz y defender el derecho a informar y a ser informados sin censuras ni amenazas. El futuro de nuestra democracia depende de ello.