En un paso crucial hacia la consolidación de la seguridad en México, el Gabinete de Seguridad federal y los 32 gobernadores del país han forjado dos acuerdos trascendentales que prometen redefinir la lucha contra la delincuencia y la búsqueda de personas desaparecidas. Desde el histórico Salón Tesorería de Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum lideró la 51 sesión ordinaria del Consejo Nacional de Seguridad, un encuentro que sentó las bases para una estrategia nacional coordinada y eficaz. "Aterrizar la estrategia en cada estado", fueron las palabras de la mandataria, un claro reflejo de la voluntad política de llevar la seguridad a cada rincón del país, no como un concepto abstracto, sino como una realidad tangible para cada ciudadano.

El primer acuerdo, un ambicioso plan para fortalecer las instituciones de seguridad pública, se articula en tres ejes fundamentales y 16 acciones concretas. No se trata solo de incrementar las capacidades de las fuerzas del orden, sino de una transformación profunda que abarca desde la profesionalización del personal de inteligencia e investigación, hasta la estandarización de procesos y la capacitación especializada en áreas clave. La homologación de los Centros de Comando y Control, aprovechando la infraestructura existente, se perfila como un elemento clave para una respuesta coordinada y eficiente ante las emergencias. Además, se busca potenciar la Estrategia Nacional contra la Extorsión, un delito que afecta profundamente el tejido social, con áreas especializadas en la recepción de denuncias y la investigación exhaustiva de estos casos. La mejora en los registros de información delictiva permitirá un análisis más preciso de las tendencias criminales y una mejor toma de decisiones. El objetivo final: garantizar que las 32 policías estatales cuenten con un estado de fuerza óptimo, capaz de proteger y servir a la ciudadanía con eficacia.

El segundo acuerdo, centrado en la búsqueda de personas desaparecidas, aborda una de las problemáticas más dolorosas y urgentes del país. Con dos ejes principales y seis acciones concretas, este convenio propone modificaciones a la Ley General de Búsqueda, priorizando la transparencia y la eficiencia en los procesos de registro e investigación. La implementación de la CURP Biométrica como herramienta de búsqueda representa un avance significativo, permitiendo la identificación y localización de personas desaparecidas de manera más ágil y precisa. La consolidación de un nuevo modelo de colaboración entre los tres niveles de gobierno, con la participación activa de los registros civiles estatales, es crucial para mantener la información actualizada y accesible. Se hace hincapié en la importancia de contar con datos precisos sobre los restos humanos resguardados en las entidades, asegurando un registro forense adecuado que contribuya a la identificación y a la entrega digna a sus familias.

La voz del Fiscal General de la República, Alejandro Gertz, resonó con fuerza al destacar la coordinación interinstitucional como la clave del éxito en la lucha contra la delincuencia. Un año de trabajo conjunto ha dado frutos tangibles, reflejados en las estadísticas que, según sus palabras, "no pueden rebatirse porque son la verdad de la información". El orgullo y la satisfacción por los logros alcanzados son el resultado de un esfuerzo inédito de coordinación y compromiso, un ejemplo de cómo la colaboración entre las entidades federales y los gobiernos estatales puede transformar la realidad y construir un México más seguro. Este es un paso firme hacia un futuro donde la seguridad sea un derecho garantizado para todos, y la esperanza de encontrar a los desaparecidos se mantenga viva.