El próximo Paquete Económico 2026 se vislumbra como un escenario crucial para la administración de Claudia Sheinbaum. Más allá de las cifras y proyecciones, este paquete representa la oportunidad de consolidar las promesas y políticas implementadas durante el año, traduciéndolas en resultados tangibles para la ciudadanía. La presión recae en demostrar la eficacia de las estrategias planteadas, y la atención se centra en cómo se articularán los recursos para impulsar el crecimiento económico y el bienestar social.

La experta Alejandra Macías, directora ejecutiva del CIEP, anticipa un paquete económico similar al anterior, con la necesidad imperante de una mayor precisión en el gasto. No se esperan cambios significativos en la generación de ingresos, lo que plantea el desafío de optimizar la asignación de recursos para maximizar su impacto. La clave, según Macías, radica en la implementación efectiva de los programas insignia de la presidenta, como el Plan México, que deberán reflejarse con claridad en el presupuesto.

Uno de los puntos focales del análisis es la distribución del gasto. El fuerte apoyo a los programas sociales, en particular las Pensiones para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, si bien es fundamental para la protección de los sectores más vulnerables, ha generado un debate sobre su impacto en otras áreas prioritarias como salud, educación e inversión. El desafío reside en encontrar un equilibrio que permita fortalecer la red de seguridad social sin descuidar la inversión en capital humano y desarrollo económico.

Para este 2026, se suman a la ecuación las áreas de medio ambiente y agricultura, lo que incrementa la complejidad del panorama presupuestario. La pregunta clave es cómo se distribuirán los recursos para atender estas nuevas prioridades sin comprometer las ya existentes. La directora del CIEP destaca la importancia de mantener el impulso en áreas como la transformación digital y la Secretaría de las Mujeres, reconociendo los avances en materia de cuidados. Sin embargo, la limitación del espacio fiscal, con el 85% del gasto ya comprometido, representa un obstáculo considerable.

La reducción del déficit presupuestario se presenta como una meta crucial para el próximo año. El compromiso de alcanzar un déficit del 3% del PIB para 2025 no se logró, lo que incrementa la presión para alcanzar este objetivo en 2026. La atención se centra en las estrategias que se implementarán para disminuir la brecha entre ingresos y gastos, un desafío que requiere de una gestión eficiente y transparente de los recursos públicos.

El Paquete Económico 2026 se convierte, por lo tanto, en una prueba de fuego para la administración. No se trata solo de presentar cifras, sino de demostrar la capacidad de traducir las políticas en resultados concretos. La ciudadanía espera ver reflejado en el presupuesto el compromiso con el bienestar social, el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental. La transparencia y la rendición de cuentas serán fundamentales para generar confianza y asegurar que los recursos se utilicen de manera efectiva para el beneficio de todos los mexicanos. El reto es grande, y el tiempo apremia.