Un nuevo capítulo se abre en la historia del Poder Judicial mexicano. Con la reciente toma de protesta de juezas y jueces a nivel federal y local, la esperanza de una justicia imparcial se renueva en 19 entidades federativas. Si bien la elección popular de estas figuras genera debate y, en lo personal, mantengo reservas al respecto, la responsabilidad que ahora recae sobre sus hombros exige un desempeño impecable en favor de la ciudadanía y del Estado de Derecho, pilar fundamental de nuestra democracia. El reto es mayúsculo: demostrar independencia absoluta en cada sentencia, garantizando la justicia pronta, expedita e imparcial que la sociedad demanda. Les deseo el mayor de los éxitos en esta crucial tarea.

Ahora bien, ¿qué nos depara la agenda pública? Entre los temas prioritarios destaca la revisión de la normativa que rigió la elección judicial, especialmente ante la próxima renovación de cargos en 2027. Esto nos lleva a la trascendental reforma electoral en curso. La presidenta de la República ha puesto sobre la mesa la necesidad de analizar la reducción de costos electorales, el financiamiento a partidos políticos, el mecanismo de asignación de legisladores por representación proporcional y la estructura del Instituto Nacional Electoral (INE).

El debate se enriquece día a día con las aportaciones de especialistas en materia electoral, exfuncionarios, exlegisladores, académicos, líderes de opinión y la ciudadanía en general. Desde mi experiencia, considero que este es el momento oportuno para abordar temas cruciales para el fortalecimiento de nuestra democracia, algunos de los cuales comparto con reconocidas figuras del ámbito electoral.

Es imperativo profundizar en la discusión sobre la autonomía del INE y su papel en la organización de elecciones libres y transparentes. Debemos analizar a fondo los mecanismos de fiscalización de los recursos de los partidos políticos, asegurando la transparencia y la rendición de cuentas. La participación ciudadana es esencial, por lo que se deben explorar nuevas formas de involucrar a la sociedad en los procesos electorales, desde la observación electoral hasta la promoción del voto informado.

La representación política también merece una revisión exhaustiva. Es preciso analizar si el sistema actual refleja la pluralidad de voces y la diversidad de intereses de la sociedad mexicana. Asimismo, la equidad de género en la política debe ser una prioridad, impulsando medidas que garanticen la participación igualitaria de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

La tecnología también juega un papel fundamental en la modernización de los procesos electorales. La implementación del voto electrónico, por ejemplo, podría agilizar el conteo de votos y reducir la posibilidad de fraudes. Sin embargo, es crucial garantizar la seguridad y la confiabilidad de estos sistemas para mantener la integridad del proceso electoral.

Finalmente, la educación cívica es la base de una democracia sólida. Es necesario fortalecer los programas de educación cívica en todos los niveles educativos, fomentando la cultura democrática, el respeto a la legalidad y la participación activa de la ciudadanía en la construcción de un México mejor. Estos y otros temas que sin duda surgirán en el debate público son clave para consolidar un sistema democrático más justo, transparente y representativo, en beneficio de todos los mexicanos. El futuro de nuestra democracia está en juego y es nuestra responsabilidad participar activamente en la construcción de un país más democrático.