La tragedia que rodea la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años con síndrome de Down, ha conmocionado a toda Colombia. El dolor de la familia es inimaginable, y la incertidumbre sobre las circunstancias que llevaron a este terrible desenlace se agudiza con cada nueva revelación. El abogado de la familia, Julián Quintana, ha puesto el foco en el Colegio Gimnasio Campestre los Laureles, donde Valeria fue vista por última vez, señalando su posible implicación directa en el caso.

Esta acusación, de ser probada, añadiría una capa aún más dolorosa a la tragedia. ¿Cómo es posible que una institución educativa, un lugar que debería ser sinónimo de seguridad y protección, pueda estar relacionada con la desaparición y muerte de una niña vulnerable? La hipótesis del abogado Quintana se centra en la falta de vigilancia y protección que Valeria, por su condición, requería. Los videos del circuito cerrado del colegio, según Quintana, muestran a Valeria sola, sin la supervisión adecuada. Este descuido, en palabras del abogado, es "evidente" y constituye una de las principales líneas de investigación desde el punto de vista penal.

La tardanza de dos horas en reportar la desaparición de Valeria a sus padres y a las autoridades también levanta serias sospechas. ¿Qué sucedió durante esas dos horas? ¿Se intentó encubrir algo? Estas preguntas, que claman por respuestas, son las que ahora atormentan a la familia y a la opinión pública.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ha calificado el caso como un asesinato, basándose en el hecho de que la zona donde fue encontrado el cuerpo de Valeria, cerca del río Frío, había sido previamente revisada sin resultados. Esta afirmación refuerza la teoría de que el cuerpo fue colocado allí posteriormente, lo que implicaría la participación de una o varias personas.

La Procuraduría General de la Nación, consciente de la gravedad del caso, ha instado a las autoridades a redoblar esfuerzos para esclarecer lo ocurrido. En un comunicado, ha recordado la obligación de los centros educativos de ser entornos protectores, especialmente para los niños con discapacidad. La muerte de Valeria es un recordatorio doloroso de la vulnerabilidad de los menores y la necesidad de garantizar su seguridad en todos los ámbitos, especialmente en el escolar.

El dolor de la familia Afanador es compartido por todo un país que exige justicia para Valeria. La investigación debe ser exhaustiva y transparente, y todos los responsables, sean quienes sean, deben rendir cuentas ante la ley. No podemos permitir que la memoria de Valeria se desvanezca sin que se haga justicia. Su caso debe servir como un llamado a la reflexión sobre la importancia de la protección de los niños, especialmente aquellos con necesidades especiales, y la responsabilidad que tenemos como sociedad de garantizar su seguridad y bienestar. El futuro de nuestros niños depende de ello.

La hipótesis de la participación de una tercera persona, planteada por el abogado Quintana, abre un nuevo abanico de interrogantes. ¿Quién podría estar interesado en hacerle daño a una niña con síndrome de Down? ¿Fue un acto premeditado o un impulso criminal? Las autoridades deberán investigar a fondo todas las posibilidades, incluyendo la posible conexión entre el colegio y esta tercera persona.

La conmoción social generada por este caso es palpable. Las redes sociales se han llenado de mensajes de indignación y dolor, exigiendo justicia para Valeria y una investigación a fondo que esclarezca todas las circunstancias que rodearon su muerte. La sociedad colombiana espera respuestas, y es deber de las autoridades proporcionarlas con la mayor celeridad y transparencia posible. El caso de Valeria Afanador no puede quedar impune. Su memoria exige justicia, y la sociedad la reclama.