La tensión política entre México y Estados Unidos se palpa en el aire. Las visas canceladas y la infame "lista" se han convertido en termómetros que miden la temperatura de la relación bilateral, especialmente la postura del gobierno de la 4T y su figura principal, la presidenta Claudia Sheinbaum. Washington observa con atención, buscando descifrar su alineamiento político y su distanciamiento del expresidente López Obrador. Se percibe una imparcialidad en la aplicación de las políticas sugeridas por Estados Unidos, una ejecución selectiva que genera suspicacias.

Mientras tanto, las investigaciones del Departamento de Justicia, lideradas por la Fiscal General Pam Bondi, avanzan inexorablemente. Figuras prominentes de la "lista" y grupos delincuenciales están bajo la lupa, y casos como el del secretario de Seguridad de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena, vinculado al CJNG, salpican a figuras de alto nivel como Adán Augusto López. Con la llegada del embajador Ronald Johnson, un ex-policía con amplia experiencia, estos expedientes, que tocan incluso al líder de los senadores de Morena y a Alfonso Romo, se volverán moneda corriente. Johnson no viene a aprender, viene a alinear a las agencias de seguridad estadounidenses, muchas de las cuales –DEA, CIA, FBI, NSA, DHS y FinCEN– ya operan en territorio mexicano. Su misión principal: garantizar que México no represente una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, una amenaza que se ha agudizado con el avance del crimen organizado.

La prioridad de Johnson es clara: obtener información sobre las redes que facilitan las operaciones de los cárteles, ya sean políticas, empresariales o financieras, para desarticularlas y controlarlas. Hasta el momento, a pesar de las denuncias de Trump sobre el "tremendo control" de los cárteles en México, no se ha entregado ningún capo o narcopolítico de peso. La extradición de 29 narcotraficantes en febrero, una solicitud pendiente desde la administración Biden, no satisface las demandas de la actual administración. Figuras como Rafael Caro Quintero, los hermanos Treviño, líderes de Los Zetas, o Antonio Oseguera, hermano del líder del CJNG, no estaban en la "lista". En ella figuran políticos activos de Morena, y es su entrega lo que exige el secretario de Estado, Marco Rubio, condicionando su reunión con Sheinbaum y un eventual encuentro con Trump.

La espera ha terminado. Marco Rubio llega a México, y la gran incógnita es el precio de su visita. ¿Qué ofrecerá Sheinbaum a cambio de la reunión? ¿La cabeza del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, o la del mismísimo Nemesio Oseguera, líder del CJNG? Rubio no se conformará con un simple acuerdo de cooperación contra el narcotráfico y el fentanilo. El comunicado del Departamento de Estado es explícito: desmantelamiento de cárteles, detención del tráfico de fentanilo, fin de la migración ilegal y promoción de la prosperidad económica. Las declaraciones del senador Ted Cruz, instando a México a aceptar la ayuda militar ofrecida por Trump, y las de Stephen Miller, asesor de seguridad de la Casa Blanca, recordando el poderío militar estadounidense, presagian la firmeza con la que Rubio abordará las negociaciones.

México buscará establecer dos reglas de oro en el acuerdo de seguridad: que cualquier operación contra los cárteles sea notificada y coordinada con las autoridades mexicanas, y que se sustente en pruebas sólidas. Se busca neutralizar la unilateralidad de agencias como la DEA, liderada por Terry Cole, el artífice de la "lista". Rubio también sondeará la postura de Sheinbaum sobre Venezuela y Cuba, dos países en la mira del Departamento de Estado. Se anticipa una acción contra Nicolás Maduro, para la cual Estados Unidos busca el respaldo regional, con México como pieza clave. Y, como asunto personal para Rubio, la relación de la 4T con el régimen cubano de Miguel Díaz-Canel.

En paralelo a la visita de Rubio, se encuentra el combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. Estados Unidos ha logrado la remoción de dos funcionarios mexicanos que obstaculizaban las labores de supervisión del Departamento del Tesoro y el FinCEN: Pablo Gómez, reemplazado por Omar Reyes en la UIF, y Jesús de la Fuente, sustituido por Ángel Cabrera en la CNBV. La llegada de Cabrera, con un pasado cuestionado y poca experiencia en la materia, genera incertidumbre sobre la coordinación con las agencias estadounidenses.

Finalmente, la visita de Gianni Infantino, presidente de la FIFA, a Claudia Sheinbaum, consolida la sede de la inauguración del Mundial 2026 en la Ciudad de México, a pesar de los desafíos logísticos y de seguridad. La entrega simbólica del primer boleto disipa las dudas, aunque aún quedan pendientes, como la doble tributación que FIFA podría enfrentar con el SAT. La visita de Infantino representa un espaldarazo para el gobierno de Sheinbaum.