Un nuevo capítulo se abre en la historia de la justicia en la Ciudad de México. La reciente toma de protesta de 137 juezas, jueces, magistradas y magistrados no es simplemente un acto protocolario, sino un hito que redefine la relación entre la ciudadanía y el Poder Judicial. La solemnidad del evento, celebrado en el Congreso de la Ciudad de México, resonó con la promesa de una justicia más cercana, honesta y transparente. Este no es un cambio menor, es una transformación profunda impulsada por la demanda ciudadana de una justicia más accesible y confiable.

La elección popular de esta nueva generación de juzgadores marca un precedente histórico. Ya no son figuras designadas en la opacidad de los despachos, sino servidores públicos elegidos directamente por el pueblo, lo que implica una responsabilidad ineludible: responder a la confianza depositada en ellos con profesionalismo, rectitud y una profunda comprensión de las necesidades de la sociedad a la que sirven. Como señaló Rafael Guerra Álvarez, presidente saliente del Poder Judicial, los ojos de la ciudad estarán puestos sobre ellos, exigiendo un comportamiento ejemplar tanto dentro como fuera de los tribunales. Su ejemplo de vida debe ser un reflejo de los valores que se esperan de la justicia: rectitud, sabiduría, prudencia, honestidad y humildad.

Esta reforma judicial, fruto de un largo proceso de diálogo y consenso entre las distintas instancias de gobierno, es una respuesta directa a la exigencia ciudadana de transformar la impartición de justicia. El secretario de Gobierno, César Cravioto, enfatizó la importancia de este cambio, recordando que la legitimidad de los nuevos juzgadores se medirá no solo en la solidez de sus fallos, sino también en su comportamiento cotidiano. Cada decisión, cada acción, estará bajo el escrutinio público, lo que exige un compromiso inquebrantable con la ética y la transparencia.

El camino recorrido por estos nuevos jueces y magistrados hasta llegar a este punto ha sido largo y exigente. Recorrieron barrios, colonias y pueblos, escuchando de primera mano las preocupaciones y necesidades de la ciudadanía. Este contacto directo con la realidad social les ha proporcionado una invaluable perspectiva sobre las problemáticas que aquejan a la ciudad y les permitirá, se espera, impartir justicia con mayor sensibilidad y cercanía. No se trata solo de aplicar la ley, sino de comprender el contexto social en el que se desarrollan los conflictos y buscar soluciones que promuevan la justicia y la equidad.

La Ciudad de México se convierte así en un referente nacional en materia de reforma judicial. La apuesta por la independencia del Poder Judicial y la participación ciudadana en la elección de jueces y magistrados son pasos firmes hacia la consolidación de un sistema de justicia más democrático y transparente. Este es un proceso continuo que requiere la participación de todos los actores involucrados, desde las autoridades hasta la ciudadanía, para asegurar que la justicia sea verdaderamente accesible, eficaz y responda a las necesidades de una sociedad en constante evolución. El futuro de la justicia en la capital está en manos de estos 137 hombres y mujeres que han asumido el compromiso de servir al pueblo con honestidad y profesionalismo. El tiempo dirá si están a la altura del desafío.