La compleja madeja del narcotráfico, con sus hilos entrelazados entre Estados Unidos y México, exige un análisis que trascienda la superficie. Si bien la "guerra contra las drogas" se asocia popularmente con Nixon, sus raíces se hunden en el siglo XIX, revelando una preocupante tendencia: la criminalización selectiva. Mientras las élites estadounidenses consumían opiáceos con impunidad, se perseguía a las minorías, como la comunidad china, por el uso del opio. Esta hipocresía histórica ha moldeado la política antidrogas, cargando a los países productores, como México, con la responsabilidad de la erradicación, mientras el voraz apetito estadounidense continúa.

La presión de Estados Unidos sobre México se intensificó con la "Operación Intercepción", un episodio que dejó al descubierto la estrategia estadounidense: externalizar el problema. El bloqueo fronterizo no fue una solución, sino una táctica de presión para obligar a México a asumir el peso de la lucha antidrogas. Mientras tanto, la demanda interna en Estados Unidos seguía sin ser atendida, creando un círculo vicioso que alimenta el narcotráfico. A pesar de los esfuerzos de erradicación, el consumo se mantiene robusto, incluso creciente, demostrando la ineficacia de un enfoque centrado únicamente en la oferta.

La paradoja es aún más profunda. Estados Unidos, adalid de la lucha contra las drogas, se ha convertido en un actor clave en el problema. Es un importante productor de cannabis, el mayor mercado mundial de consumo de drogas y, al mismo tiempo, el principal proveedor de armas para los cárteles mexicanos. El flujo de dinero ilícito que circula por sus instituciones financieras, sumado a casos de corrupción, completa un cuadro complejo y contradictorio. La insistencia en desmantelar organizaciones criminales en México, sin abordar la demanda interna y las redes de distribución en su propio territorio, revela una falta de compromiso real con la solución del problema.

La lucha contra el crimen organizado es un interés compartido por México y Estados Unidos. La amenaza que representa para la soberanía mexicana es innegable. La violencia, la corrupción y el debilitamiento institucional son consecuencias directas de la expansión del narcotráfico. Negar la responsabilidad propia, como algunos analistas han hecho en el pasado, es ignorar la cruda realidad. Es un problema que México sufre y paga con creces.

La colaboración entre ambos países es crucial, pero debe ir más allá de la retórica. Estados Unidos tiene la obligación de asumir su responsabilidad: reducir la demanda interna, combatir el tráfico de armas y desmantelar las redes de distribución y las estructuras financieras que sostienen el narcotráfico en su propio territorio. No se trata de una intervención militar, sino de un compromiso real y efectivo.

Esta es una oportunidad histórica para una colaboración profunda y beneficiosa para ambos países. México no puede solo, pero Estados Unidos tampoco. El problema es binacional y exige una visión integral. Debemos mirar más allá de lo evidente, hacia la "cara oculta de la luna", donde se esconden los intereses económicos, la demanda insaciable, las inconsistencias regulatorias y las complicidades que perpetúan el ciclo del narcotráfico. Solo una estrategia conjunta, que aborde el problema desde sus raíces, podrá romper este círculo vicioso y construir un futuro más seguro y próspero para ambas naciones.