La sombra de la corrupción vuelve a cernirse sobre México, esta vez con nuevos tentáculos que se extienden desde las pensiones "de lujo" hasta la posible manipulación de auditorías en Petróleos Mexicanos (Pemex). No se trata de casos aislados, sino de un patrón que exige una respuesta contundente por parte de las autoridades y de la sociedad civil. La impunidad no puede ser la norma.

El escándalo de las pensiones millonarias en la extinta Luz y Fuerza del Centro, con más de 3,500 exempleados recibiendo jubilaciones que superan el sueldo de la Presidenta, es una bofetada a la justicia y a la equidad. Si bien se ha argumentado que otros funcionarios también perciben ingresos considerables, esto no justifica la desproporción y la carga que representan estas pensiones para las finanzas públicas. Es preciso recordar el conflicto sindical que desató la extinción de Luz y Fuerza en 2009, y cómo este tema de las pensiones “de privilegio” sigue siendo una herida abierta en el debate público. ¿Cómo es posible que, mientras millones de mexicanos luchan por una pensión digna, un grupo selecto goce de estos beneficios exorbitantes? La respuesta, lamentablemente, se encuentra en la opacidad y la falta de rendición de cuentas que ha caracterizado históricamente a estas instituciones.

Este problema no es exclusivo de Luz y Fuerza. Se replica en otros estados del país, convirtiéndose en un lastre para los sistemas de pensiones estatales. Desde 2013, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha alertado sobre las pensiones desmesuradas en Pemex, que alcanzaban cifras escandalosas. Y la situación no ha mejorado. Datos de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) revelan que Pemex destina miles de millones de pesos mensuales para el pago de pensiones a más de 141,000 jubilados. Cifras similares se observan en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con miles de millones destinados a sus jubilados. Estos montos representan un enorme peso para las finanzas públicas y plantean serias dudas sobre la sostenibilidad de estos sistemas a largo plazo. ¿Cómo podemos garantizar un futuro digno para las próximas generaciones si los recursos se desangran en privilegios del pasado?

Pero el panorama se oscurece aún más con las recientes revelaciones sobre la posible adulteración de auditorías en Pemex. La investigación en curso, con ramificaciones internacionales, especialmente en Estados Unidos, apunta a la posibilidad de sobornos a exfuncionarios para encubrir actos de corrupción. De confirmarse estas sospechas, no estaríamos hablando solo de una falta ética, sino de delitos graves que deben ser castigados con todo el peso de la ley. La manipulación de auditorías es un ataque directo a la transparencia y a la rendición de cuentas, y mina la confianza en las instituciones.

Ante este panorama desolador, la transparencia se erige como el antídoto contra la corrupción. No basta con cumplir con la Ley de Transparencia; se requiere un compromiso real para que la información sobre las pensiones y los contratos de Pemex sea accesible, clara y verificable para todos los ciudadanos. Es necesario revisar a fondo los mecanismos que permitieron la asignación de estas pensiones millonarias y el marco normativo que las sustenta. Asimismo, se debe asegurar que las investigaciones sobre la posible manipulación de auditorías se lleven a cabo con total independencia y rigor, y que los responsables sean llevados ante la justicia.

La lucha contra la corrupción no es una tarea sencilla, pero es una batalla que debemos librar con determinación. El futuro de México depende de ello. No podemos permitir que la impunidad siga siendo la regla. Es hora de exigir justicia, transparencia y rendición de cuentas.