Se avecina un periodo legislativo de alta tensión en México. Las declaraciones de Ernestina Godoy, consejera jurídica de la presidencia, durante la Tercera Reunión Plenaria con diputados de Morena, han encendido la mecha de la anticipación y la especulación. Una batería de reformas de gran calado se prepara para ser enviada a la Cámara de Diputados en el próximo periodo ordinario de sesiones, prometiendo sacudir el panorama nacional en áreas cruciales como la economía, la salud y la justicia.

La reforma a la Ley Aduanera se perfila como el epicentro de la tormenta. Godoy no ha escatimado en palabras al advertir sobre el “escozor” que esta modificación generará en el sector empresarial y entre los agentes aduanales. El endurecimiento de las regulaciones en materia de importaciones y exportaciones, si bien busca “cerrar la puerta a la corrupción”, previsiblemente encontrará una férrea resistencia por parte de aquellos cuyos intereses se vean afectados. ¿Serán capaces las autoridades de sortear las presiones y llevar a buen puerto una reforma tan ambiciosa? El tiempo lo dirá.

El previsible cabildeo no se limitará al ámbito aduanero. El paquete económico 2026, con su presentación agendada para el 8 de septiembre, también promete generar intensos debates. Los ajustes al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), particularmente en lo que respecta a las bebidas azucaradas, ponen en el punto de mira a las grandes refresqueras, quienes históricamente han desplegado un poderoso lobby para defender sus intereses. ¿Se impondrá la salud pública o la influencia de las corporaciones? Este es un dilema que el legislativo deberá resolver.

La salud pública, precisamente, ocupa un lugar central en la agenda legislativa. La propuesta de integrar los servicios del IMSS Bienestar y del ISSSTE se presenta como una reforma compleja pero necesaria para garantizar el acceso universal a la atención médica. Sin embargo, la integración de dos instituciones de tal envergadura presenta retos monumentales, desde la armonización de sus sistemas operativos hasta la gestión de los recursos humanos. ¿Logrará el gobierno sortear estos obstáculos y construir un sistema de salud pública más eficiente y equitativo?

Finalmente, la nueva Ley Federal de Propiedad Industrial, orientada a agilizar el otorgamiento de patentes en México, se presenta como un elemento clave para el cumplimiento de los compromisos del país dentro del T-MEC y para el impulso del Plan México. La lentitud en el proceso de patentes ha sido un lastre para la innovación y el desarrollo tecnológico en el país. ¿Será esta reforma el revulsivo que necesita el sector para despegar? La comunidad científica y empresarial espera con ansias la respuesta.

En definitiva, el próximo periodo de sesiones se presenta como un campo de batalla legislativo donde se definirán importantes aspectos del futuro de México. La tensión es palpable y las expectativas son altas. Estaremos atentos a los acontecimientos y a las reacciones que generen estas propuestas de reforma. ¿Se impondrá la voluntad transformadora del gobierno o la resistencia de los grupos de interés? El juego está en marcha.