La colaboración entre el Poder Judicial del Estado de México y la Secretaría de la Contraloría representa un paso firme hacia la modernización y la transparencia en la administración de justicia. Este convenio, centrado en la transferencia de tecnología, no es simplemente un intercambio de herramientas informáticas, sino la materialización de un compromiso con la ciudadanía. Hablamos de un compromiso que busca acercar la justicia al pueblo, eliminar las barreras que históricamente han existido y construir un sistema más eficiente y confiable.

Imaginen la posibilidad de acceder a la información sobre el estado de una denuncia o queja de manera sencilla y rápida, desde la comodidad de sus hogares. Eso es precisamente lo que se busca con la adopción de estas plataformas tecnológicas. Plataformas que han demostrado su eficacia en el ámbito del control y la vigilancia en el gobierno estatal, y que ahora se ponen al servicio de la justicia. No se trata de una simple copia, sino de una adaptación inteligente a las necesidades específicas del Poder Judicial, con el objetivo de optimizar los procesos y garantizar la transparencia en cada etapa.

Este convenio es una respuesta directa al diagnóstico planteado en el Plan de Desarrollo del Estado de México 2023-2029, que reconoce el distanciamiento entre el servicio público y la ciudadanía. El Poder Judicial, consciente de esta realidad, ha asumido el reto de recuperar la confianza ciudadana. La legitimidad judicial no se decreta, se construye día a día, con acciones concretas que demuestren un compromiso real con la justicia y el bienestar de la población.

La transferencia de estas cuatro plataformas es solo el inicio de un proceso de transformación profunda. Se trata de un cambio de paradigma que implica no solo la adopción de nuevas tecnologías, sino también una revisión de los procesos internos y una capacitación constante del personal. El objetivo es claro: construir un Poder Judicial moderno, eficiente, transparente y, sobre todo, cercano a la gente.

Más allá de la eficiencia operativa, este convenio fortalece la vinculación interinstitucional, creando sinergias que benefician a todos. El diálogo entre Poderes es fundamental para el intercambio de experiencias y la construcción de un marco de actuación común, orientado a la defensa de los derechos de los mexiquenses.

La creación del Tribunal de Disciplina Judicial cobra especial relevancia en este contexto. Contar con las herramientas y la experiencia de la Secretaría de la Contraloría permitirá al Tribunal desempeñar sus funciones con mayor eficacia y transparencia, garantizando la integridad y la ética en el ejercicio de la función judicial.

En definitiva, la adopción de estas plataformas tecnológicas es un paso decisivo hacia la consolidación de un Poder Judicial confiable, incorruptible e impulsor del Estado de Derecho. Un Poder Judicial que no solo imparte justicia, sino que también la acerca a la ciudadanía, garantizando el acceso a un buen gobierno, abierto, honesto y transparente. Un gobierno que, en última instancia, sirve a la gente. Este es el camino hacia una justicia más humana, más eficiente y más cercana a las necesidades de todos los mexiquenses. Y este convenio es una prueba fehaciente de que estamos avanzando en la dirección correcta.