La reciente encuesta del Inegi nos invita a una reflexión profunda sobre la realidad social de México. Si bien la disminución de la pobreza en 13.4 millones de personas entre 2018 y 2024 es un logro innegable y una noticia esperanzadora que debemos celebrar, es fundamental analizar con cautela las cifras y comprender el complejo panorama que dibujan. Sacar a millones de mexicanos de la pobreza es un paso gigantesco hacia un país más justo y equitativo, y el impacto del aumento al salario mínimo, triplicado en este periodo, se consolida como una herramienta poderosa para combatir la desigualdad. Imaginemos el alivio para esas familias que ahora pueden acceder a una canasta básica más completa, ofrecer una mejor alimentación a sus hijos y tener una vida más digna. El esfuerzo por impulsar programas sociales como Jóvenes Construyendo el Futuro, con su enfoque en la capacitación y la inserción laboral, es otra pieza clave de este rompecabezas. Darles a los jóvenes las herramientas para construir su propio futuro, no solo les brinda independencia económica, sino que también les permite contribuir al desarrollo del país.

Sin embargo, no podemos caer en la autocomplacencia. El aumento en la vulnerabilidad por carencias sociales nos prende una luz amarilla. Si bien celebramos la mejora en el acceso a la vivienda, la educación y la alimentación, la realidad es que millones de mexicanos aún no gozan plenamente de estos derechos fundamentales. ¿De qué sirve un salario digno si no se tiene acceso a servicios de salud de calidad? ¿Cómo podemos hablar de progreso si casi la mitad de la población carece de seguridad social? Estas preguntas nos obligan a mirar más allá de las cifras y a reconocer que aún queda un largo camino por recorrer.

La persistencia de la falta de acceso a la seguridad social y a los servicios de salud, que afecta a millones de mexicanos, nos recuerda la importancia de fortalecer el sistema de salud pública y garantizar la cobertura universal. No podemos permitir que la salud siga siendo un privilegio y no un derecho. Asimismo, la necesidad de redoblar esfuerzos en materia educativa es evidente. Si bien se ha registrado una ligera disminución en el rezago educativo, aún hay millones de personas que no tienen acceso a una educación de calidad, lo que limita sus oportunidades y perpetúa el ciclo de la pobreza.

La fotografía que nos presenta el Inegi es un claroscuro. Por un lado, el avance en la reducción de la pobreza es un logro significativo que demuestra que las políticas públicas enfocadas en la justicia social pueden tener un impacto real en la vida de las personas. Por otro lado, la persistencia de la vulnerabilidad y las carencias sociales nos recuerda que aún existen profundas desigualdades que debemos abordar con urgencia. La brecha entre estados como Chiapas, Guerrero y Oaxaca, con altos índices de pobreza, y entidades como Baja California, Baja California Sur y Nuevo León, con índices más bajos, pone de manifiesto la necesidad de implementar políticas públicas con un enfoque territorial y culturalmente sensible. No podemos aplicar las mismas soluciones a realidades tan diversas.

El reto para los gobiernos de la Cuarta Transformación y las futuras administraciones es enorme. Consolidar los avances alcanzados y garantizar la sostenibilidad de las políticas sociales requiere un compromiso a largo plazo con la inversión en infraestructura social, el fortalecimiento de los servicios públicos y la creación de un entorno económico que promueva la creación de empleos dignos y bien remunerados. La lucha contra la pobreza es una maratón, no una carrera de velocidad, y requiere la participación de todos los sectores de la sociedad. Solo a través de un esfuerzo conjunto podremos construir un México más justo, equitativo y próspero para todos.