La inequidad en el sistema de remuneraciones de la administración pública federal, específicamente en el cálculo de prestaciones y jubilaciones, es un tema que exige una profunda reflexión. La división entre "sueldo base" y "compensación garantizada" genera una distorsión que afecta directamente el bienestar de los trabajadores y la sostenibilidad de los sistemas de salud y pensiones. Mientras los impuestos se calculan sobre la totalidad de los ingresos, las prestaciones se basan únicamente en el sueldo base, que representa un porcentaje mínimo de la compensación total. Esta práctica no solo merma las aportaciones al ISSSTE, FOVISSSTE y otros fondos, sino que también perpetúa un ciclo de transferencias presupuestarias para sostener un sistema constantemente en déficit.

Esta situación se agrava aún más al considerar el impacto en el retiro. La transición al sistema de Afore, basado en el sueldo base, ha resultado en pensiones insuficientes para garantizar una vida digna. El Fondo de Pensiones para el Bienestar, creado para paliar esta deficiencia, apenas alcanza a cubrir las necesidades básicas. Mientras tanto, empresas estatales como Pemex y CFE destinan enormes sumas a jubilaciones, algunas exorbitantes, lo que plantea interrogantes sobre la equidad y transparencia en la distribución de recursos públicos. ¿Acaso no merecen todos los trabajadores, independientemente de su sector, una jubilación digna que refleje sus años de servicio y contribuciones?

El caso del Servicio Exterior Mexicano ilustra con crudeza esta problemática. Embajadores y diplomáticos, quienes dedican su vida a representar a México en el extranjero, enfrentan una jubilación que, en muchos casos, se encuentra por debajo del salario mínimo. A pesar de los sacrificios personales y familiares que implica una carrera diplomática, su labor no se ve recompensada con una compensación justa. Esta situación contrasta con la realidad de otros empleos informales que, sin exigir la misma preparación ni responsabilidad, ofrecen ingresos superiores.

La defensa de la soberanía nacional, la promoción de los intereses de México en el mundo, la atención a nuestros connacionales en el exterior, son tareas cruciales que no pueden ser minimizadas ni remuneradas con precariedad. La labor diplomática exige profesionalismo, compromiso y un profundo conocimiento de la realidad internacional. Por ello, es imperativo que el Estado reconozca el valor de este servicio y garantice una jubilación digna que refleje la importancia de su misión.

La propuesta de calcular las prestaciones y jubilaciones sobre la totalidad del ingreso, incluyendo la compensación garantizada, no solo es justa para los trabajadores, sino que también contribuiría a la sostenibilidad de las finanzas públicas. Al incrementar las aportaciones a los sistemas de seguridad social, se reduciría la dependencia de las transferencias presupuestarias y se fortalecería la capacidad del Estado para garantizar el bienestar de sus ciudadanos. Es momento de superar las prácticas opacas y arbitrarias en la gestión de los recursos públicos y avanzar hacia un sistema de remuneraciones equitativo y transparente. La dignidad de los trabajadores y la solidez de nuestras instituciones dependen de ello.

La ASEM, Asociación del Servicio Exterior Mexicano A.C., reitera su compromiso con la defensa de los derechos y el bienestar de los diplomáticos de carrera. Invitamos a la sociedad a unirse a esta causa y exigir un sistema de remuneraciones justo y equitativo para todos los servidores públicos.