La sombra del crimen organizado se extiende ahora sobre la salud de los mexicanos. Fuentes dentro de la industria farmacéutica, que prefieren mantenerse en el anonimato por temor a represalias, confirman la inquietante noticia: los cárteles han infiltrado el sistema farmacéutico nacional, produciendo y distribuyendo masivamente medicamentos falsificados a través de farmacias establecidas. Este nuevo "huachicol medicinal", como algunos lo llaman, representa una amenaza latente para la población. No se trata de robos de medicamentos originales, sino de la fabricación de copias en laboratorios clandestinos, con fórmulas desconocidas y potencialmente peligrosas. Estas imitaciones, más baratas que las originales, se cuelan en el mercado formal, poniendo en riesgo la salud de quienes las consumen. La incertidumbre sobre su composición química es alarmante: ¿qué sustancias contienen realmente? ¿qué efectos secundarios podrían provocar? Las respuestas se pierden en la opacidad de los laboratorios clandestinos controlados por el crimen.

La preocupación en el sector es palpable. Un empresario, cuya identidad mantenemos en reserva por su seguridad, plantea la creación de un sello de certificación, una suerte de escudo contra la falsificación. "Medicamento original" o "Farmacia certificada", se barajan como posibles nombres para este distintivo que busca devolver la confianza a los pacientes. Esta iniciativa, que contaría con la participación de organismos como la Cámara Nacional de la Industria Farmacéutica, liderada por Guillermo Funes Rodríguez, y la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), presidida por Julio Ordaz, se presenta como una respuesta urgente ante la magnitud del problema. Sin embargo, ¿es suficiente?

Si bien la iniciativa privada busca soluciones, la responsabilidad última recae en las autoridades. No se trata solo de combatir un nuevo delito, sino de proteger la salud y la vida de los mexicanos. Permitir la proliferación del "huachicol medicinal" sería aceptar la ilegalidad y sus consecuencias, que podrían ser fatales. Es imperativo que el gobierno actúe con contundencia para frenar esta amenaza antes de que se consolide y se cobre más víctimas. No podemos permitir que la salud se convierta en un negocio más para el crimen organizado.

Más allá de la crisis farmacéutica, los movimientos en el ámbito político también merecen atención. En Nuevo León, la figura de Oliverio Tijerina Sepúlveda, ex candidato a diputado federal y actual director general en la Unidad de Control Administrativo y Contrataciones Públicas de la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se perfila como un actor clave. Desde su posición en Palacio Nacional, Tijerina supervisa la ejecución de las políticas presupuestarias y de austeridad del gobierno federal. Su trayectoria y desempeño serán determinantes en el panorama político de Nuevo León para el 2027, un año que se vislumbra crucial para el estado. Conocer sus movimientos y decisiones será fundamental para comprender el rumbo que tomará la política local en los próximos años. ¿Será Tijerina una figura que impulse el cambio o se convertirá en otro engranaje de la maquinaria política tradicional? El tiempo lo dirá.