La tranquilidad de la campiña francesa se ve perturbada. Lo que antes era un problema confinado a las viviendas vacías, el squatting, se extiende como una mancha de aceite, alcanzando bosques, jardines, e incluso las tranquilas aguas de los canales. Imaginen la escena: Alain, propietario de un terreno forestal en Ille-et-Vilaine, regresa a su propiedad y se encuentra con un escenario desolador. Restos de fogatas aún humeantes, basura esparcida por doquier, los árboles que plantó con sus propias manos, talados sin miramiento. Este no es un caso aislado. La Asociación de Actores del Comercio Francés (ADCF) ha dado la voz de alarma: el squatting ha mutado, adaptándose a nuevos espacios, y los propietarios se encuentran con las manos atadas.

El informe de la ADCF pinta un panorama preocupante. No se trata solo de la ocupación ilegal en sí, sino de las consecuencias que acarrea. Fiestas clandestinas que terminan en incendios, la tala indiscriminada de árboles, daños materiales que cuestan miles de euros reparar. Y mientras tanto, los propietarios se enfrentan a un laberinto legal que parece no tener salida. Si bien la ley francesa protege la inviolabilidad del domicilio, permitiendo desalojos rápidos en casos de squatting en viviendas, la situación cambia drásticamente cuando se trata de terrenos, jardines o embarcaciones. Aquí, la protección legal se diluye, obligando a los propietarios a embarcarse en largos y costosos procesos judiciales. Meses, incluso años, pueden pasar antes de recuperar la posesión de sus bienes, mientras los ocupantes ilegales continúan campando a sus anchas.

La situación se agrava aún más en zonas urbanas. En París, las péniches, esas pintorescas embarcaciones que surcan el Sena, se han convertido en un nuevo objetivo para los squatters. La ADCF reporta casos de ocupación ilegal en el puerto del Arsenal, algunos de ellos con consecuencias dramáticas, como incendios que han puesto en peligro la vida de los ocupantes y de los vecinos.

¿Qué pueden hacer los propietarios ante esta creciente amenaza? Algunos recurren a medidas de seguridad privadas, instalando alarmas, vallas o contratando personal de vigilancia. Pero estas soluciones, además de costosas, a menudo resultan insuficientes. La verdadera solución, según la ADCF, radica en una reforma legal que proteja de manera efectiva todo tipo de propiedad privada, facilitando los desalojos y proporcionando a los propietarios las herramientas necesarias para defender sus derechos. El clamor de los afectados es unánime: se necesita una actualización del marco legal que se adapte a esta nueva realidad del squatting, y que garantice la seguridad y la tranquilidad de todos los ciudadanos, tanto en el campo como en la ciudad. La pregunta que queda en el aire es: ¿escucharán las autoridades este llamado a la acción? El futuro de la propiedad privada en Francia, y la paz de quienes la poseen, dependen de ello.