La sucesión presidencial, un tema que siempre late en el corazón del poder, se convierte en el foco de atención incluso desde los albores de un nuevo mandato. A cuatro años de la próxima contienda electoral, la pregunta de quién sucederá a la actual presidenta ya resuena en los pasillos del poder, en los análisis de los expertos y en las conversaciones cotidianas de la ciudadanía. Si bien pareciera prematuro, el tiempo político tiene su propia dinámica, y cuatro años, en términos electorales, se esfuman con la rapidez de un suspiro.

La experiencia histórica nos ha enseñado que la estabilidad política y la paz social de un país se cimientan en la transmisión pacífica del poder. Recordamos las décadas del dominio priísta, donde el "dedo divino" designaba no solo al sucesor presidencial, sino también a la camarilla de gobernadores, diputados y alcaldes que orbitaban a su alrededor. Un sistema que, aunque brindó cierta estabilidad por un tiempo, terminó por erosionarse debido a las crisis económicas, los escándalos de corrupción y el surgimiento de una oposición cada vez más organizada y combativa.

La transición democrática, iniciada con el triunfo de Vicente Fox, no estuvo exenta de tropiezos y contradicciones. La necesidad de pactar con el viejo sistema para poder gobernar, la controvertida elección de 2006 y el subsecuente regreso de la estabilidad con la llegada de Enrique Peña Nieto, marcaron una época de aprendizaje y ajustes en el camino hacia una democracia más sólida. La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia en 2018 y la posterior entrega del poder a la actual mandataria representan un hito en la historia reciente de México, demostrando que la alternancia en el poder es posible sin desestabilizar el país.

Sin embargo, el panorama actual presenta nuevos desafíos. El partido en el poder ostenta una mayoría calificada en el Congreso, controla la gran mayoría de las gubernaturas y maneja los recursos públicos. Esta concentración de poder, si bien puede facilitar la gobernabilidad, también encierra el riesgo de caer en la tentación del autoritarismo y la perpetuación en el poder.

Por otro lado, la oposición se enfrenta a la tarea de reconstruirse y presentar una alternativa viable para el electorado. El resultado de las pasadas elecciones dejó en evidencia la falta de unidad y la necesidad de renovar liderazgos. La percepción de improvisación y la falta de una propuesta clara y convincente son lastres que deben ser superados si se aspira a competir con posibilidades reales en la próxima contienda electoral.

La pregunta de quién será el próximo candidato o candidata presidencial es una incógnita que se irá develando en los próximos meses. ¿Saldrá del gabinete actual? ¿Será un gobernador o gobernadora con una trayectoria destacada? ¿La actual presidenta optará por una figura que represente la continuidad de su proyecto político o buscará un perfil más moderado que pueda ampliar su base de apoyo? Estas son algunas de las interrogantes que se plantean los analistas políticos y que mantienen en vilo a la ciudadanía.

Mientras tanto, el tiempo sigue su curso inexorable. Los próximos cuatro años serán cruciales para definir el futuro político de México. La oposición tendrá que trabajar arduamente para reconstruir su credibilidad y presentar una alternativa sólida. El partido en el poder, por su parte, deberá demostrar que es capaz de gobernar con responsabilidad y evitar la tentación de utilizar su mayoría para imponer su voluntad. El electorado, finalmente, tendrá la última palabra.