La sombra de la duda se cierne sobre el Tribunal de Disciplina del Poder Judicial de la Federación. El reciente debate en la Sala Superior sobre la nulidad de la elección ha reavivado la polémica en torno a la supuesta influencia de los "acordeones" en los resultados. Una acusación grave que, sin embargo, parece flotar en un mar de conjeturas, más que de evidencias contundentes.

Se habla de un análisis estadístico presentado por un amicus curiae, que apunta a una inusual concentración del voto en ciertas casillas, contrastando con la baja participación general. Se insinúa una posible correlación entre esta anomalía y la movilización de los controvertidos "acordeones". Pero, ¿es suficiente esta correlación para demostrar una manipulación orquestada? ¿Acaso no existen otras variables que podrían explicar la concentración del voto, como la afinidad ideológica con ciertas candidaturas o la visibilidad de las mismas? Recordemos que la competencia electoral, por su propia naturaleza, implica la concentración del voto en las opciones preferidas por el electorado. De hecho, las cinco candidaturas electas para integrar el Tribunal de Disciplina sumaron aproximadamente 21 millones de votos, mientras que se emitieron más de 65 millones. Este dato, por sí solo, demuestra la dispersión del voto entre las diversas opciones.

La discusión mediática, alimentada por la incertidumbre, se centra en la posible relación entre los "acordeones" y el desenlace electoral. Sin embargo, ni el estudio estadístico, ni las alegaciones presentadas, logran precisar el número real de "acordeones" distribuidos o su influencia efectiva en el voto. Se construyen hipótesis, se plantean interrogantes, pero las respuestas se diluyen en un mar de especulaciones. ¿Realmente podemos afirmar que cualquier resultado atípico es sinónimo de manipulación? ¿No es posible que la concentración del voto se deba simplemente a la confianza depositada en ciertas candidaturas?

Es crucial recordar que la anulación de una elección exige un alto nivel de exigencia probatoria. Las meras sospechas, las conjeturas, las probabilidades, no son suficientes. La justicia demanda pruebas concretas, evidencias irrefutables, que demuestren la existencia de una estrategia coordinada y masiva para manipular el proceso electoral. Si bien es cierto que la dificultad para probar hechos ocultos es una constante, esto no justifica la disminución del rigor probatorio.

En el caso del Tribunal de Disciplina, la evidencia presentada resulta insuficiente para sustentar la nulidad de la elección. Unos cuantos "acordeones" físicos, algunos digitales, publicaciones en redes sociales y noticias que aluden a su existencia, no configuran un panorama sólido que demuestre una manipulación a gran escala. Se necesita algo más que indicios dispersos e imprecisos. Se requiere una concatenación lógica y coherente de pruebas que demuestren, sin lugar a dudas, la existencia de una estrategia orquestada para influir en el resultado electoral.

Los jueces no podemos construir nuestras decisiones sobre la base de suposiciones o prejuicios. Nuestra función es analizar las pruebas presentadas, evaluar su validez y pronunciarnos con base en la evidencia objetiva. Exigir a la Sala Superior que construya una conclusión a partir de indicios fragmentarios y especulativos es ir más allá de lo razonable. Invalidar una elección implica una responsabilidad enorme, y solo puede hacerse con base en pruebas contundentes que demuestren la existencia de irregularidades graves que hayan afectado la legitimidad del proceso.

En el umbral de la duda, la justicia no puede ceder. Necesitamos certezas, no sospechas. Fundamentos, no temores. Cuando la balanza de la justicia se inclina sin la certeza necesaria, se pone en riesgo la integridad del sistema democrático. La justicia exige pruebas, no conjeturas.