La histórica presidencia de Norma Piña al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) llega a su fin, dejando tras de sí un legado imborrable en el panorama jurídico mexicano. Su nombramiento, un hito sin precedentes, marcó un antes y un después en la lucha por la igualdad de género en las altas esferas del poder judicial. Desde su llegada, Piña Hernández se convirtió en un símbolo de la capacidad y liderazgo femenino, inspirando a generaciones de abogadas y juristas a alcanzar las más altas posiciones.

Más allá del simbolismo, la gestión de Piña se caracterizó por una firme defensa de los derechos humanos y una visión progresista en la interpretación de la ley. Su compromiso con la justicia social se vio reflejado en sentencias cruciales que ampliaron los derechos de las mujeres y de la comunidad LGBTQ+, consolidando su posición como una figura clave en la defensa de las minorías y la promoción de una sociedad más inclusiva. La despenalización del aborto a nivel federal, bajo su liderazgo, representa un parteaguas en la historia de los derechos reproductivos en México, garantizando la autonomía de las mujeres sobre sus propios cuerpos y sentando un precedente fundamental para futuras legislaciones.

Su apoyo al matrimonio igualitario y a los derechos de las familias homoparentales, a través de votos y decisiones judiciales, reafirmó su compromiso con la igualdad y la no discriminación, derribando barreras legales y sociales que históricamente habían marginado a la comunidad LGBTQ+. Estas decisiones, sin duda, resonarán en la jurisprudencia mexicana por muchos años, marcando un camino hacia una sociedad más justa e igualitaria.

Sin embargo, su mandato no estuvo exento de controversias. Su postura crítica frente a la Reforma Judicial propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador generó un intenso debate público sobre la independencia del poder judicial y la posible politización de la justicia. Piña Hernández defendió con vehemencia la autonomía de la SCJN, argumentando que la elección de jueces y magistrados debía estar libre de influencias políticas para garantizar la imparcialidad y la correcta aplicación de la ley. Esta postura, aunque aplaudida por algunos sectores, también le valió críticas y acusaciones de obstruccionismo.

El tema del nepotismo dentro del Poder Judicial, otro punto álgido durante su gestión, generó cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas implementadas para erradicar esta práctica. Si bien Piña presentó un informe que revelaba la existencia de lazos familiares entre empleados judiciales, algunos críticos argumentaron que las acciones tomadas no fueron suficientes para abordar el problema de raíz.

Finalmente, la denuncia presentada en su contra por la cena con magistrados electorales y el líder de la oposición, Alejandro 'Alito' Moreno, añadió otra capa de complejidad a su legado. Esta acusación, basada en una supuesta violación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, generó un nuevo debate sobre los límites de la interacción entre los diferentes poderes del Estado y la importancia de mantener la imparcialidad en todo momento.

En definitiva, la presidencia de Norma Piña en la SCJN representa un capítulo crucial en la historia del sistema judicial mexicano. Su liderazgo, marcado por la defensa de los derechos humanos, la perspectiva de género y la firmeza ante las presiones políticas, deja un legado complejo y multifacético que sin duda será objeto de análisis y debate durante muchos años. Su figura, como la primera mujer en ocupar este cargo, se consolida como un símbolo de progreso y un referente para las futuras generaciones de juristas en México.