La llegada de la nueva Corte, augurada como un amanecer histórico, se ha teñido de tintes tragicómicos. La ilusión de una justicia renovada, elegida por el pueblo y con una representatividad inédita, se estrella contra la cruda realidad de un Congreso que, con su actuar, ha maniatado al Poder Judicial. Mientras el flamante presidente, Hugo Aguilar, se revestía con la dignidad simbólica de su toga indígena, el Congreso le tejía, a sus espaldas, una red de restricciones que lo convierten en poco más que una figura decorativa. ¿Democracia? Más bien, una pantomima legislativa donde el poder real se esconde tras bambalinas.

La promesa de independencia judicial se desvanece ante la imposición de un Órgano de Administración Judicial (OAJ) y un Tribunal de Disciplina Judicial, entidades que escapan al control del presidente de la Corte. Un contrasentido que se agrava al considerar que la Corte solo puede nombrar a tres de los cinco integrantes del OAJ. Este resquicio legal se convierte en el caldo de cultivo perfecto para las viejas prácticas clientelares. Ministras como Lenia Batres ya mueven sus fichas, demostrando que el amiguismo no solo sobrevive, sino que se pavonea en la nueva era judicial.

La solicitud de Aguilar de controlar los nombramientos, al menos durante su presidencia, resulta lógica. Sin embargo, el Congreso, en su habitual lentitud e ineficacia, no ha logrado alcanzar un acuerdo. Mientras la clase política se enfrasca en sus juegos de poder, 2,400 trabajadores del Poder Judicial se enfrentan a la incertidumbre laboral. Un futuro incierto que es la consecuencia directa de una Reforma Judicial improvisada, plagada de lagunas legales y aprobada con la premura sospechosa de quienes prefieren la opacidad a la transparencia.

La ausencia de reglas claras para la transición, la falta de leyes secundarias esenciales como la Ley de Amparo, y la conveniente postergación de casos relevantes, dibujan un panorama desolador. La nueva Corte nace maniatada, sin recursos, sin directrices, sin certeza y con una avalancha de asuntos pendientes que amenazan con sepultarla antes de que pueda dar sus primeros pasos. El anhelo de una Corte histórica se transforma en la angustia de una Corte histérica, presa de las prisas, las omisiones y la incompetencia legislativa.

El hermetismo rodea la posible incorporación de Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa, como asesor de Aguilar. A pesar de la solicitud de ayuda por parte del propio Rosales, motivada por problemas económicos y de salud, la falta de un acuerdo formal y la ola de críticas recibidas han frenado su llegada. Las acusaciones de traición e interés, lanzadas sin conocimiento de su situación personal, ensombrecen aún más el panorama.

En contraste con el ruido mediático, Arturo Zaldívar, expresidente de la Corte, se ha acercado a la nueva administración, no para exigir favores o colocar a allegados, sino para ofrecer su apoyo. Consciente de la compleja herencia que recibe la nueva Corte, Zaldívar extiende una mano amiga, reconociendo la precariedad en la que se encuentra el Poder Judicial.

Un detalle curioso: la austeridad de Aguilar se refleja incluso en su vestimenta. A diferencia de la imagen tradicional, el presidente no cuenta con un extenso guardarropa de togas bordadas. Inicia su gestión con una sola toga, decorada por un artesano oaxaqueño, símbolo quizás de la humildad y la conexión con sus raíces.

En definitiva, la justicia, como diría el filósofo… cuyo nombre se nos escapa, sin fuerza es impotente, y la fuerza sin justicia es tiranía. La nueva Corte, atrapada entre la inoperancia del Congreso y la presión de las expectativas ciudadanas, se enfrenta a un reto titánico. Solo el tiempo dirá si logra liberarse de sus ataduras y cumplir con la promesa de una justicia verdaderamente independiente y para todos.