En el estado de Quintana Roo, la aprobación de la nueva Ley de Ausencia para Personas Desaparecidas ha desatado una tormenta de controversia. Desde la tribuna, los diputados, en particular el morenista Jorge Sanén Cervantes, presidente de la JUGOCOPO, se ufanaron de haber construido la ley mediante un diálogo fructífero con las familias de las víctimas. Pintaron un escenario de colaboración y escucha, agradeciendo incluso la incansable lucha de las Madres Buscadoras. Sin embargo, tras esta fachada de consenso se esconde una realidad mucho más turbia.

El Colectivo Femenil Xtabay ha denunciado públicamente la falsedad de estas afirmaciones. Según sus declaraciones, el Congreso manipuló la verdad al asegurar la participación de las “Madres Buscadoras de Quintana Roo A.C.” en el proceso legislativo. La realidad es que estas mujeres nunca fueron convocadas, sus voces nunca fueron escuchadas. Sus nombres, sin embargo, fueron utilizados para dar una pátina de legitimidad a una decisión tomada a puerta cerrada, lejos del escrutinio público y de las verdaderas necesidades de quienes buscan a sus seres queridos. Así, una ley que prometía justicia y certeza nace manchada por la simulación y la deshonestidad.

Esta situación contrasta drásticamente con el proceso llevado a cabo a nivel federal en la Secretaría de Gobernación. Bajo el liderazgo de Rosa Icela Rodríguez, las víctimas y los colectivos fueron actores centrales en la elaboración de la Reforma de la Ley General en materia de desapariciones. Su experiencia y sus demandas fueron escuchadas y consideradas, demostrando que un verdadero diálogo constructivo es posible. En Quintana Roo, en cambio, se optó por la vía del engaño, legislando sin las familias y presumiendo un diálogo inexistente. Un acto de cinismo que deja un sabor amargo y profundiza la herida de quienes ya han sufrido demasiado.

Y la sombra de la opacidad se extiende también a la figura del Auditor Superior del Estado, Miguel Zogby Cheluja Martínez. Parece que su principal preocupación no es la rendición de cuentas, sino más bien el incremento del presupuesto del organismo a su cargo. Para 2026, ha solicitado la exorbitante cifra de 256 millones de pesos, 27 millones más que lo aprobado para este año. Este aumento resulta aún más escandaloso si consideramos que en 2025 la Auditoría estatal ya había recibido una ampliación de 3.8 millones, destinada principalmente a gastos de representación, convenciones y eventos, una cifra 28 veces superior a la presupuestada inicialmente. Mientras tanto, las auditorías municipales observadas por la ASF siguen sin avances sólidos, y Zogby insiste en que no existen señalamientos directos contra los titulares, manteniendo un velo de opacidad sobre posibles irregularidades. La Auditoría, en lugar de ser un órgano garante de la transparencia, se consolida como una entidad que gasta más en convenciones que en fiscalizar.

En otro orden de cosas, en Mérida, Jorge Mendoza, hijo del exdirector de Salud, Jorge Eduardo Mendoza Mézquita, ha vuelto a ser el centro de la polémica. Un video difundido en redes sociales muestra a Mendoza lanzando amenazas contra cualquiera que se estacione frente a su domicilio en la zona Campestre, advirtiendo incluso que saldrá "con pistola" a disparar. Un acto de prepotencia que indigna y preocupa a la ciudadanía. La impunidad y el abuso de poder parecen ser la norma en un escenario donde la justicia y la transparencia brillan por su ausencia. ¿Hasta cuándo seguiremos tolerando este tipo de comportamientos? ¿Cuándo las autoridades tomarán cartas en el asunto y pondrán fin a la simulación y al engaño? Estas son las preguntas que resuenan en la mente de los ciudadanos de Quintana Roo y Yucatán, quienes exigen un cambio real y una actuación responsable por parte de sus representantes.