Un cambio de paradigma se respira en México. A un año del inicio del segundo piso de la Cuarta Transformación, la visión de un país más justo e inclusivo comienza a materializarse, especialmente para los pueblos indígenas y afromexicanos, históricamente marginados. La comparecencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no fue un simple acto protocolario, sino una declaración de principios, un compromiso tangible con la deuda histórica que la nación tiene con estas comunidades.

La Cuarta Transformación, como la definió la mandataria, trasciende lo económico y lo político; es un proyecto de dignidad. Un proyecto que reconoce la necesidad de saldar una deuda histórica, de dar voz a quienes por siglos han resistido, de reconocer la esencia indígena como parte fundamental de la identidad nacional. No se trata solo de discursos, sino de acciones concretas. Por primera vez, 20,358 comunidades indígenas y afromexicanas administran directamente recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, un total de 12,374 millones de pesos. Este hecho sin precedentes fortalece su autonomía y les permite decidir sobre sus propias necesidades, marcando un hito en la autodeterminación de estos pueblos.

A esta inyección directa de recursos se suma el Anexo Transversal 10, con más de 221 millones de pesos adicionales, administrados por las propias comunidades a través de sus asambleas y autoridades. Este mecanismo no solo empodera a los pueblos originarios, sino que también sienta las bases para un desarrollo más equitativo y sostenible, acorde a sus propias formas de organización y cosmovisión.

La justicia social no se limita a la asignación de recursos. La presidenta Sheinbaum Pardo destacó la continuidad de 16 Planes de Justicia y el inicio de dos nuevos, para los pueblos Amuzgo y P'urhépecha, con una inversión que supera los 34,000 millones de pesos, beneficiando a más de 420,000 personas. Estos planes integrales abordan las necesidades específicas de cada comunidad, desde la restitución de tierras hasta el acceso a servicios básicos como salud, educación y vivienda digna.

La firma de cinco decretos presidenciales para la restitución y titulación de cerca de 10,000 hectáreas de tierras a comunidades Rarámuri y Wixárika es un acto de justicia histórica que reconoce sus derechos ancestrales sobre los territorios que habitan y preservan. Es un paso fundamental para la reparación de los agravios del pasado y para la construcción de un futuro en el que los pueblos indígenas sean protagonistas de su propio desarrollo.

El desarrollo de infraestructura también es una prioridad. La rehabilitación y ampliación de 820 kilómetros de caminos en la zona Mixteca, Amuzga, Nahua y Tlapaneca de las montañas de Oaxaca y Guerrero, junto con los recursos para 500 kilómetros de caminos artesanales en 11 estados, no solo mejora la conectividad, sino que también abre nuevas oportunidades para el desarrollo económico y social de estas regiones. Asimismo, el Plan de Justicia Energética, que electrifica comunidades indígenas en Durango, es un ejemplo del compromiso del gobierno con el acceso a servicios básicos para todos los mexicanos.

La armonización legislativa es otro pilar fundamental de esta transformación. Las modificaciones constitucionales en Michoacán y Chiapas, así como la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público en el ámbito de la comunicación, son pasos significativos para garantizar sus derechos y su participación plena en la vida nacional. El Programa de Apoyo a la Educación Indígena, que atiende a más de 80,000 niñas, niños, adolescentes y jóvenes en 23 entidades federativas, refuerza el compromiso con la educación intercultural y bilingüe como herramienta para la preservación de las lenguas y culturas originarias.

Los resultados de esta política integral son palpables. La disminución de la pobreza en la población indígena en 9.5 puntos porcentuales, lo que equivale a medio millón de personas que han mejorado sus condiciones de vida, es una muestra del impacto positivo de la Cuarta Transformación. Este es el camino hacia un México más justo, inclusivo y próspero, un México donde la dignidad de todos los pueblos sea reconocida y garantizada.