La Comisión de Apelación y Arbitraje del Deporte (CAAD), ese ente casi mítico del deporte mexicano, se encuentra en el ojo del huracán. Por décadas, ha sido el blanco de críticas y burlas, un tribunal sin dientes, cuyas resoluciones se asemejan más a sugerencias que a mandatos. Su falta de poder para imponer sanciones la ha convertido en un actor prácticamente decorativo en el panorama deportivo nacional. A pesar de que la Conade tiene la facultad de hacer cumplir sus fallos, la realidad es que la impunidad reina y las decisiones de la CAAD suelen quedar en letra muerta.

A lo largo de sus 35 años de existencia, la CAAD ha visto desfilar a diversos presidentes, algunos con más pena que gloria. Si bien es cierto que algunas de sus resoluciones han brindado un apoyo real a los deportistas, casos recientes, como el de la ONEFA ignorando la restitución de derechos de un coach y un jugador, demuestran la fragilidad de la institución. Esta impotencia obliga a los afectados a buscar justicia en otras instancias, como el amparo, dejando en evidencia la ineficacia de la CAAD.

Más allá de su función principal, la CAAD se ha convertido en un jugoso botín político, codiciado por directores de la Conade que buscan controlarla, a pesar de que el nombramiento de su presidente es prerrogativa del Ejecutivo Federal. El actual titular, Juan Bautista Gómez, cercano al expresidente López Obrador, vio ratificado su mandato por tres años más, un periodo que concluye en septiembre. La expectativa por la designación de su sucesor por parte de la presidenta Sheinbaum se ha visto opacada por un nuevo conflicto.

Eurípides Flores, del jurídico de la SEP, solicitó la renuncia de Gómez, buscando abrir el camino para que el secretario Mario Delgado coloque a una persona de su confianza. Ante la negativa de Gómez, la SEP ha tomado una decisión drástica: absorber las funciones de la CAAD y trasladar a su personal a las oficinas de Donceles 100. Este cambio de domicilio, ya publicado en el Diario Oficial de la Federación, no es un simple traslado, sino un movimiento estratégico que amenaza con desmantelar la, ya de por sí precaria, justicia deportiva en México. Recordemos que Ana Guevara, en su momento, también intentó sin éxito colocar a una abogada a modo en la CAAD.

La absorción de la CAAD por parte de la SEP plantea un serio conflicto de intereses. La SEP, al ser juez y parte, podría influir en las decisiones, debilitando aún más la autonomía de la justicia deportiva. Este escenario anticipa una reconfiguración del deporte mexicano, con la inminente desaparición de la "Ley Mena", legado de la administración de Peña Nieto. ¿Será este el fin de la CAAD como la conocemos? ¿Qué implicaciones tendrá esta transformación para los deportistas y el futuro del deporte en México? El tiempo lo dirá, pero la incertidumbre y la preocupación son palpables en el ambiente deportivo nacional. Estamos ante un momento crucial que definirá el rumbo de la justicia deportiva en el país. ¿Se fortalecerá la protección de los derechos de los deportistas o se abrirá la puerta a una mayor ineficacia e impunidad? La respuesta a estas preguntas determinará el futuro del deporte en México.