La informalidad laboral en México se ha convertido en una sombra alargada que oscurece el panorama económico y social del país. Millones de mexicanos se despiertan cada día sin la certeza de un ingreso fijo, sin la protección de un contrato laboral y sin el amparo de la seguridad social. Se trata de una realidad que va más allá de los fríos números y estadísticas, es el reflejo de un sistema que ha fallado en proporcionar oportunidades dignas y equitativas para todos. La precariedad laboral, la incertidumbre del mañana y la falta de acceso a servicios de salud y jubilación se han convertido en la norma para un sector considerable de la población, condenándolos a un ciclo de vulnerabilidad que se perpetúa generación tras generación.

Este complejo escenario nos obliga a preguntarnos: ¿cómo hemos llegado a este punto? ¿Qué factores han contribuido a la consolidación de la informalidad como un modelo casi paralelo al formal? La respuesta no es sencilla y se encuentra enraizada en una serie de problemas estructurales que han aquejado al país durante décadas. Desde la falta de inversión en educación y capacitación, que limita las posibilidades de acceso a empleos mejor remunerados, hasta la burocracia excesiva y la complejidad del sistema fiscal, que dificultan la formalización de las pequeñas y medianas empresas, la informalidad se alimenta de un entramado de obstáculos que impiden el desarrollo pleno del potencial productivo de México.

La llegada de Morena al poder en 2018 trajo consigo la promesa de un cambio profundo, una transformación que abordara las raíces de la desigualdad y la pobreza. Sin embargo, a pesar de los programas sociales implementados, la realidad es que la informalidad no solo no ha disminuido, sino que en algunos sectores incluso se ha incrementado. Si bien las transferencias directas a la población vulnerable representan un alivio temporal, no constituyen una solución a largo plazo. Se necesita una estrategia integral que vaya más allá del asistencialismo y se enfoque en la creación de empleos formales, la promoción de la inversión y la simplificación de los trámites para la apertura y operación de negocios.

Es urgente impulsar una reforma laboral profunda que garantice los derechos de los trabajadores, fomente la productividad y facilite la transición del sector informal al formal. Se requiere un compromiso real por parte del gobierno y del sector privado para invertir en la capacitación y el desarrollo del capital humano, promoviendo la innovación y la creación de empleos de calidad. Asimismo, es fundamental simplificar el sistema fiscal y reducir la carga administrativa para las pequeñas y medianas empresas, incentivando su formalización y su acceso a financiamiento.

La informalidad laboral no es un problema exclusivo de México, pero su magnitud y persistencia representan un lastre para el desarrollo económico y social del país. Superar este desafío requiere de una visión de Estado a largo plazo, que trascienda los periodos de gobierno y se sustente en un pacto social que involucre a todos los actores: gobierno, sector privado, sindicatos y sociedad civil. Solo a través de un esfuerzo conjunto y coordinado podremos construir un México más justo e inclusivo, donde el trabajo digno y la seguridad social sean una realidad para todos. La tarea es compleja, pero no imposible. El futuro de México depende de nuestra capacidad para enfrentar este desafío con decisión y responsabilidad.