La narrativa del victimismo, esa cómoda trinchera que nos pinta como meros productores de drogas empujados por la insaciable demanda estadounidense, se desmorona ante la cruda realidad. Es cierto, la guerra contra las drogas, con su prohibición anacrónica desde los años 30, plantó la semilla del monstruo. Pero hoy, ese monstruo ha mutado, ha echado raíces profundas en el tejido mismo de nuestra sociedad, y se alimenta de algo mucho más perverso que el simple tráfico de estupefacientes. Ya no hablamos solo de drogas, sino de un poder paralelo que ha secuestrado al Estado, que cobra sus propias rentas, que imparte su propia "justicia" en los territorios abandonados por el gobierno.

No se trata de negar la influencia externa, ni la hipocresía de una nación consumidora que señala con el dedo acusador al proveedor. Pero centrarnos únicamente en ese discurso de la víctima nos impide ver la verdadera llaga: la captura institucional, la corrosión del Estado desde adentro. Gobernadores que pactan con el crimen, partidos políticos financiados con dinero sucio, carreteras controladas por grupos armados, candidatos asesinados impunemente… ¿Es acaso Estados Unidos el responsable de esta podredumbre?

Imaginemos por un instante que la legalización de las drogas se extiende por todo el continente. ¿Desaparecerían los grupos armados? ¿Dejarían de extorsionar a los comerciantes? ¿Se devolverían los territorios invadidos? La respuesta, lamentablemente, es no. El problema ha trascendido el narcotráfico. Se ha convertido en un cáncer que se alimenta de la debilidad institucional, de la impunidad, de la falta de un Estado de Derecho sólido.

La extorsión, el cobro de piso, se ha convertido en la norma. Desde el pequeño comerciante hasta las grandes empresas, todos pagan tributo a este poder paralelo. Transportistas, restauranteros, taxistas, gasolineros… Todos viven bajo la amenaza constante, y ese costo, inevitablemente, se traslada al consumidor final. ¿Por qué la gasolina es más cara en ciertas regiones? ¿De qué tamaño es la inflación inducida por las mafias? Son preguntas que debemos hacernos, preguntas que nos obligan a mirar más allá de la narrativa simplista del victimismo.

La nueva embestida “antiterrorista” de Estados Unidos, con la designación de los cárteles como terroristas, añade una capa más de complejidad a este escenario. Las empresas que pagan extorsión, antes vistas como víctimas, ahora pueden ser consideradas cómplices, sujetas a sanciones severas. Nos encontramos atrapados en un fuego cruzado: el crimen organizado que nos extorsiona, el poder extraterritorial de Estados Unidos que nos amenaza, y un gobierno mexicano que, en lugar de protegernos, cercena nuestras libertades y ofrece una justicia selectiva.

La solución, la verdadera cura a este mal endémico, no vendrá de afuera. No se trata de esperar que Estados Unidos cambie su política, ni de refugiarnos en el discurso de la víctima. Se trata de reconstruir nuestro propio Estado, de fortalecer nuestras instituciones, de combatir la corrupción y la impunidad desde adentro. Gran parte de lo que se tiene que corregir, está de este lado de la frontera. Es hora de asumir nuestra responsabilidad y dejar de buscar culpables en el espejo ajeno.