La elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante el voto popular ha abierto un debate crucial sobre la naturaleza misma del poder judicial. Si bien la participación ciudadana es un pilar fundamental de la democracia, la tecnicidad jurídica y la imparcialidad que requiere la interpretación constitucional no pueden estar sujetas a los vaivenes de la opinión pública. Imaginemos un escenario donde las decisiones judiciales se basaran en encuestas y popularidad: la justicia se convertiría en un espectáculo mediático, vulnerable a la manipulación y alejada de los principios de equidad y legalidad. La verdadera fortaleza de la SCJN reside en el análisis riguroso de las leyes, en la argumentación sólida y en la defensa a ultranza de los principios constitucionales, no en la complacencia a las mayorías.

La idea de justicia, lamentablemente, se encuentra devaluada en un mundo donde la inmediatez y el sensacionalismo suelen prevalecer sobre la razón y el debido proceso. Es por ello que la sobriedad, la dedicación y el esmero de los nuevos ministros son esenciales para fortalecer la credibilidad y la confianza en la institución. La SCJN no debe convertirse en un foro de opiniones personales o declaraciones improvisadas, sino en un espacio de reflexión profunda y deliberación jurídica. El modelo italiano, donde los magistrados de la Corte Constitucional tienen prohibido emitir opiniones públicas hasta el dictamen final, nos ofrece una perspectiva interesante sobre la importancia de la discreción y la prudencia en el ejercicio de la función judicial.

En México, si bien los ministros pueden expresar su voto particular e incluso participar en debates académicos, la responsabilidad que conlleva su cargo exige una cuidadosa ponderación de sus palabras y acciones. La transparencia y la rendición de cuentas son fundamentales, pero no deben confundirse con la exposición mediática constante. La SCJN habla a través de sus resoluciones, y estas deben ser el producto de un estudio concienzudo y una argumentación jurídica impecable, no de presiones políticas o sociales.

Las recientes reformas al sistema judicial, si bien han introducido cambios en la elección de miembros de diversos órganos y la creación de nuevas instancias, no han alterado sustancialmente las competencias de la SCJN en su rol de Tribunal Constitucional. Sigue siendo la máxima autoridad para resolver controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad, un papel esencial para el equilibrio de poderes y la defensa del orden jurídico. Este rol de guardián de la Constitución exige un compromiso inquebrantable con el bienestar de la nación, lejos de frivolidades y superficialidades. México necesita líderes comprometidos con la justicia, con la defensa de los derechos fundamentales y con la construcción de un Estado de Derecho sólido e imparcial. La SCJN debe ser un ejemplo de rectitud y sabiduría jurídica, un faro que ilumine el camino hacia una sociedad más justa y equitativa.

El buen gobierno judicial se construye con base en la solidez de los argumentos, la independencia de criterio y la imparcialidad en las decisiones. No se trata de complacer a la opinión pública, sino de aplicar la ley con rigor y justicia, garantizando la protección de los derechos de todos los ciudadanos. La SCJN tiene la responsabilidad histórica de ser un baluarte contra la arbitrariedad y la injusticia, y la sociedad mexicana espera que los nuevos ministros estén a la altura de este desafío. La historia juzgará su desempeño, no por la popularidad de sus opiniones, sino por la solidez de sus resoluciones y su contribución a la consolidación del Estado de Derecho.