La aparente irregularidad de la sesión de la Comisión Permanente tras el cierre del periodo ordinario, y su cuestionable validez legislativa, levanta serias dudas sobre las motivaciones reales detrás de la misma. Más allá de la justificación de la "extraordinariedad" de los eventos del miércoles, se percibe una orquestación política que busca algo más que el simple desahogo parlamentario. La cambiante postura de la presidenta de la Comisión, pasando del distanciamiento al apoyo incondicional a Fernández Noroña, ilustra la volatilidad y la conveniencia política que parecen primar sobre la objetividad y la institucionalidad.

La teatralidad de Noroña, presentándose como víctima de una agresión "cobarde y grupal", con un camarógrafo convenientemente vendado y en cabestrillo tras un supuesto empellón, raya en lo grotesco. Esta puesta en escena, lejos de buscar justicia, parece diseñada para influir en la Fiscalía General de la República, un organismo cuya autonomía se encuentra constantemente en entredicho. La exageración de los hechos y la victimización amplificada buscan construir un relato que justifique una acción penal contra Alejandro Moreno y, de paso, debilitar al PRI.

El análisis legal de la situación revela aún más la fragilidad del argumento. Si se aplicara la ley con rigor, las acusaciones contra los legisladores del PRI, basadas en los supuestos agravios a Noroña, resultarían ridículas e insuficientes. La exagerada reacción ante provocaciones menores, dignas más de un patio de colegio que del recinto legislativo, evidencia la instrumentalización del incidente para fines políticos. La declaración de procedencia, según la ley, se inicia tras una denuncia o querella con los requisitos procedimentales correspondientes. Sin embargo, la sesión de ayer parece haber tenido como único objetivo allanar el camino para la intervención de la FGR contra Alejandro Moreno, no por los eventos recientes, sino por viejas rencillas políticas y la persecución del gobierno de Campeche.

Esta maniobra política, disfrazada de búsqueda de justicia, deja un preocupante precedente. La utilización de las instituciones para ajustar cuentas políticas debilita el Estado de Derecho y erosiona la confianza ciudadana. La falta de autonomía de la Fiscalía, sumada a la manipulación de los procedimientos legislativos, crea un ambiente de incertidumbre y vulnerabilidad para cualquier actor político que se convierta en blanco de la maquinaria del poder. El caso de Alejandro Moreno y el PRI se convierte así en un ejemplo de cómo la política puede pervertir las instituciones y utilizarlas para fines particulares, poniendo en riesgo la democracia y el equilibrio de poderes. La sociedad debe estar atenta y exigir transparencia y apego a la ley en todos los ámbitos del gobierno. De lo contrario, el riesgo de arbitrariedad y persecución política se convierte en una amenaza latente para todos.