La historia de María, una mujer de Irapuato, nos estremece y nos obliga a reflexionar sobre la profunda crisis que atraviesa el sistema de justicia en Guanajuato. Su caso, lamentablemente, no es aislado. Se suma a una larga lista de mujeres guanajuatenses que, tras sufrir violencia machista, se enfrentan a la revictimización por parte de las mismas instituciones que deberían protegerlas. ¿Qué tipo de mensaje se envía cuando la Fiscalía, en lugar de perseguir al agresor, parece obstaculizar el acceso a la justicia de la víctima?

La violencia que María sufrió a manos de su expareja, Carlos Shrek, el 16 de enero de 2025, la dejó con una fractura cervical que requiere una costosa cirugía. Más allá del daño físico, el impacto psicológico es devastador. Imaginen el terror de una mujer que, tras ser brutalmente agredida por el padre de su hijo, se ve obligada a lidiar con la indolencia y la falta de empatía de las autoridades. María ha tenido que asumir la responsabilidad de su recuperación, buscando terapia psicológica y afrontando los gastos médicos, mientras su agresor permanece en libertad.

La opacidad con la que ha actuado la Fiscalía es alarmante. María denuncia obstáculos en la investigación, dilaciones injustificadas y una clara intención de desestimar el proceso. Su testimonio es desgarrador: se siente abandonada, ignorada y revictimizada por el sistema. Incluso, señala que el neurocirujano que la atiende fue hostigado por las autoridades tras declarar a su favor. ¿Qué clase de justicia es esta, donde la víctima es tratada como culpable y el agresor goza de impunidad?

El caso de María pone en evidencia la urgencia de una profunda reforma en la Fiscalía de Guanajuato. No basta con discursos y promesas vacías sobre la protección de las mujeres. Se necesitan acciones concretas que garanticen el acceso a la justicia, la reparación del daño y la sanción ejemplar de los agresores. La Gobernadora Libia García Muñoz Ledo tiene la responsabilidad de atender este clamor y de asegurar que ninguna mujer guanajuatense vuelva a vivir el calvario de María.

La sociedad civil también tiene un papel fundamental que desempeñar. Debemos alzar la voz y exigir justicia para María y para todas las mujeres que han sido víctimas de violencia. No podemos permitir que la impunidad se convierta en la norma. Es necesario visibilizar estos casos, generar presión social y exigir a las autoridades que cumplan con su obligación de proteger a las mujeres. El silencio nos hace cómplices.

La lucha de María es la lucha de todas. Su valentía al denunciar públicamente la violencia que ha sufrido y la revictimización institucional debe inspirarnos a construir una sociedad más justa e igualitaria, donde las mujeres puedan vivir libres de violencia y con la certeza de que sus derechos serán respetados. Justicia para María es justicia para todas. No la dejemos sola.

Es crucial que la sociedad se pregunte: ¿cuántas Marías más tendrán que sufrir antes de que se tomen medidas reales y efectivas? ¿Qué mecanismos de control y rendición de cuentas se implementarán para evitar que la Fiscalía siga revictimizando a las mujeres? ¿Cómo podemos, como sociedad, apoyar a las víctimas y contribuir a la erradicación de la violencia machista? El caso de María nos interpela a todos. No podemos permanecer indiferentes.