La tragedia que ha enlutado a Cundinamarca con la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años con Síndrome de Down, nos deja con un profundo dolor y una serie de interrogantes que claman por respuestas. Después de 18 días de angustiosa búsqueda, la pequeña Valeria fue encontrada en una zona cercana al río Frío, un lugar que, según las autoridades, ya había sido inspeccionado en repetidas ocasiones. Esta circunstancia abre una serie de incógnitas que deben ser esclarecidas con la mayor celeridad y transparencia. ¿Cómo es posible que el cuerpo de Valeria no haya sido encontrado antes en un área previamente revisada? ¿Se siguieron todos los protocolos de búsqueda de manera exhaustiva? Estas preguntas, que resuenan en el corazón de una comunidad conmocionada, exigen una investigación rigurosa y exhaustiva.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, ha expresado su compromiso de que este caso no quedará impune. Sus palabras de condolencia a la familia, si bien necesarias, no pueden ser el único consuelo ante una pérdida tan irreparable. La justicia debe actuar con prontitud y determinar las responsabilidades en este lamentable suceso. La indignación que sentimos ante la vulnerabilidad de una niña indefensa debe transformarse en un clamor colectivo por la verdad y la justicia.

El Colegio Gimnasio Campestre Los Laureles, donde Valeria fue vista por última vez, también se encuentra bajo el escrutinio público. La tardía entrega del video que registra los últimos momentos de la niña en la institución ha generado fuertes críticas y sospechas. ¿Por qué la escuela no proporcionó de inmediato estas imágenes cruciales para la investigación? ¿Qué se pretendía ocultar? La actitud del colegio, cuanto menos negligente, exige una profunda revisión de sus protocolos de seguridad y una evaluación de la responsabilidad de sus directivos en este trágico desenlace. En el video, difundido por Noticias RCN, se observa a Valeria intentando salir por una reja en repetidas ocasiones, lográndolo finalmente. La presencia de un trabajador de la escuela a pocos metros de la niña, sin que este intervenga, añade un elemento más a la cadena de omisiones que rodean este caso.

Más allá de la indignación y la tristeza, la muerte de Valeria Afanador debe ser un llamado a la reflexión sobre la protección de nuestros niños, especialmente aquellos con necesidades especiales. Es imperativo que las instituciones educativas garanticen la seguridad y el bienestar de sus alumnos, implementando medidas efectivas que prevengan este tipo de tragedias. Asimismo, como sociedad, debemos fortalecer nuestros mecanismos de protección a la infancia y promover una cultura de respeto y cuidado hacia los más vulnerables. La memoria de Valeria debe ser un recordatorio constante de nuestra responsabilidad colectiva en la construcción de un entorno seguro y protector para todos los niños. No podemos permitir que su muerte quede en el olvido, sino que se convierta en un impulso para generar cambios reales y duraderos que eviten que se repitan historias tan dolorosas como esta. La justicia para Valeria es un imperativo moral que nos interpela a todos.