La transición hacia la Nueva Corte, con fecha de inicio el 1 de septiembre, se perfila con pasos firmes y decididos. En su séptima reunión de trabajo, las ministras y ministros electos han delineado una hoja de ruta clara, priorizando la designación inmediata de los tres integrantes del Órgano de Administración Judicial. Esta decisión estratégica, tomada en consenso, se erige como pilar fundamental para asegurar la fluidez administrativa y operativa desde el primer día de funciones de la renovada Corte.

La importancia de este nombramiento radica en la necesidad de agilizar las decisiones administrativas cruciales para el buen funcionamiento del Poder Judicial. Con la pronta integración de este órgano, se busca brindar certeza y estabilidad a todos los miembros de la institución, desde jueces y magistrados hasta el personal administrativo, garantizando un entorno de trabajo propicio y eficiente. Se trata, en esencia, de sentar las bases para una gestión eficaz y transparente, que permita a la Nueva Corte asumir sus responsabilidades con la diligencia y la solvencia que la sociedad demanda.

Más allá de la designación del Órgano de Administración Judicial, las ministras y ministros electos han avanzado significativamente en la elaboración de los acuerdos generales que regirán el funcionamiento de la Nueva Corte. Estos acuerdos, fruto de un intenso trabajo de análisis y deliberación, constituirán el marco jurídico y operativo que guiará las acciones de la institución, asegurando la coherencia y la consistencia de sus decisiones. Se busca, con ello, consolidar un sistema judicial sólido, predecible y respetuoso del Estado de Derecho.

En este proceso de transición, la Suprema Corte ha reiterado su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos laborales de todos los integrantes del Poder Judicial. Este compromiso, más que una simple declaración de principios, se traduce en una vigilancia constante y activa para garantizar que la transición se lleve a cabo con pleno respeto a los derechos adquiridos y a las condiciones laborales de cada uno de los trabajadores. Se entiende que la reconciliación de la justicia con el pueblo de México pasa, necesariamente, por el reconocimiento y la protección de los derechos de quienes la imparten.

La séptima reunión de trabajo ha sido, sin duda, un paso crucial en la consolidación de la Nueva Corte. Las decisiones tomadas, marcadas por la búsqueda de la eficiencia, la transparencia y el respeto a los derechos laborales, auguran un futuro prometedor para la justicia en México. El camino hacia el 1 de septiembre se allana con cada acuerdo, con cada decisión, con cada paso dado en la dirección correcta. El compromiso de las ministras y ministros electos es claro: construir una justicia más cercana, más eficiente y más accesible para todos los mexicanos. Un compromiso que se materializa en acciones concretas y que se fortalece con cada jornada de trabajo.