La sombra de la sospecha se cierne nuevamente sobre la figura del ex presidente Enrique Peña Nieto. Esta vez, el presunto soborno de 25 millones de dólares por parte de empresarios israelíes, a cambio de jugosos contratos durante su administración, ha vuelto a poner al ex mandatario en el ojo del huracán. Sin embargo, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en voz de su titular Raquel Buenrostro, ha aclarado que no existe ninguna denuncia formal en su contra por este caso. La afirmación, realizada durante una conferencia de prensa en Palacio Nacional, ha generado un mar de interrogantes y ha reavivado el debate sobre la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública.

Buenrostro, con la firmeza que la caracteriza, explicó que la investigación sobre este delicado asunto está a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR). La razón, según la secretaria, radica en la falta de elementos suficientes para iniciar una indagatoria desde su propia dependencia. "No hay nada que haya firmado", afirmó con contundencia, dejando entrever la dificultad de proceder legalmente contra el ex presidente sin pruebas documentales que lo vinculen directamente con el supuesto soborno.

Esta declaración no hace más que intensificar la intriga. ¿Significa esto que Peña Nieto está exento de toda responsabilidad? ¿O simplemente se trata de una cuestión de procedimiento legal, a la espera de que la FGR reúna las pruebas necesarias para proceder? La respuesta, por ahora, se mantiene en el aire, alimentando las especulaciones y la incertidumbre.

Recordemos que este no es el primer escándalo que salpica al ex presidente. La compra del software Pegasus, una herramienta de espionaje de alta tecnología, ya había generado controversia en el pasado. Y ahora, con la revelación de este presunto soborno millonario, la figura de Peña Nieto se ve aún más cuestionada.

La Fiscalía General de la República, por su parte, tiene la ardua tarea de esclarecer los hechos y determinar si existen bases para imputar al ex mandatario. La investigación, sin duda, será un proceso largo y complejo, que pondrá a prueba la capacidad de la justicia mexicana para llegar al fondo del asunto. La sociedad, atenta a cada detalle, exige transparencia y que se aplique la ley sin importar el cargo o la posición del implicado. El futuro político de Enrique Peña Nieto, y la credibilidad de las instituciones mexicanas, penden de un hilo. El tiempo, y la justicia, tendrán la última palabra.

Mientras tanto, la incógnita persiste: ¿quedará impune este nuevo capítulo en la historia del ex presidente? ¿O finalmente se hará justicia y se sancionará a los responsables de este presunto acto de corrupción? El pueblo mexicano espera respuestas, y la obligación de las autoridades es brindarlas con prontitud y transparencia. La lucha contra la corrupción es una tarea de todos, y la impunidad no puede ser una opción.