La indignación recorre las venas de Venezuela tras conocerse el terrible caso de una niña de tan solo 11 años, víctima de abuso sexual por parte de su padrastro. La noticia, que se viralizó en redes sociales este viernes 29 de agosto, ha desatado una ola de críticas hacia las autoridades del estado Anzoátegui, quienes detuvieron a la madre, abuelos de la menor, mientras el presunto culpable permanece prófugo. La pregunta que resuena en todos los rincones del país es: ¿Cómo es posible que se priorice la detención de la familia, en lugar de centrar todos los esfuerzos en la captura del agresor?

El relato de los hechos, según la Policía de Anzoátegui, comienza la noche del lunes 25 de agosto con una denuncia anónima que alertaba sobre el abuso sexual. Sin embargo, la actuación policial, en lugar de enfocarse en la búsqueda del padrastro, derivó en la detención de la madre y los abuelos de la niña, acusados de presunta omisión de cuidados. Esta decisión ha generado una profunda controversia y ha puesto en tela de juicio la prioridad de las autoridades en este tipo de casos. ¿Acaso la vulnerabilidad de una niña embarazada producto de una violación no merece una respuesta más contundente y eficaz?

La menor, con apenas cinco meses de gestación, fruto del horrendo acto, declaró ante las autoridades que el hombre huyó al enterarse del embarazo. Este dato, lejos de agilizar la búsqueda y captura del presunto violador, parece haberse diluido en medio de un proceso que, para muchos, se percibe como revictimizante para la niña y su familia. Mientras la pequeña enfrenta una situación traumática, su entorno familiar se ve sometido a un proceso judicial, lo que agrava aún más la complejidad del caso. ¿Es justo que quienes deberían ser su apoyo y protección sean tratados como sospechosos?

El traslado de la madre y los abuelos al Centro de Coordinación Policial (CCP), y la intervención del Consejo de Protección del Niño, Niña y Adolescente (CPNNA), si bien son procedimientos establecidos, no logran acallar las voces que exigen justicia. La sociedad venezolana clama por la pronta captura del padrastro y exige una investigación exhaustiva que esclarezca los hechos y determine las responsabilidades. ¿Qué mensaje se envía a la sociedad cuando la víctima y su familia parecen ser los castigados, mientras el agresor se encuentra en libertad?

La Fiscalía 12 del Ministerio Público, encargada del caso, tiene la responsabilidad de llevar a cabo una investigación imparcial y apegada a la ley. La orden de aprehensión contra el padrastro es un paso importante, pero insuficiente si no se acompaña de acciones concretas que permitan su pronta detención. La colaboración ciudadana, solicitada por las autoridades, se vuelve crucial en este momento. Cada pista, cada información, por pequeña que parezca, puede ser la clave para dar con el paradero del agresor y poner fin a la impunidad.

La mirada del país está puesta en Anzoátegui. La sociedad exige justicia para la niña de 11 años y espera que este caso no se convierta en una estadística más de la violencia contra la infancia. Es imperativo que las autoridades demuestren su compromiso con la protección de los menores y que la búsqueda del culpable se convierta en la prioridad absoluta. Solo así se podrá comenzar a sanar las heridas de esta familia y enviar un mensaje claro: la impunidad no será tolerada.