La viralización del video que muestra el enfrentamiento entre dos policías y dos hombres a bordo de una motocicleta, culminando en la muerte de uno de los civiles, nos obliga a una profunda reflexión. Más allá de la crudeza de las imágenes, se vislumbra una realidad compleja que trasciende el simple intercambio de golpes. Este incidente, que en segundos transformó una revisión de rutina en una tragedia, expone las profundas grietas de nuestro sistema de seguridad y la precariedad en la que operan nuestros cuerpos policiales.

La precariedad que corroe a las fuerzas del orden

Los policías, quienes día a día se enfrentan a la compleja realidad de nuestras calles, perciben salarios que oscilan entre los $13,000 y $15,000 pesos mensuales. Con jornadas extenuantes que superan las 24 horas continuas, luchan por mantener a sus familias en un contexto de creciente inseguridad. Ante esta situación, ¿dónde queda el espacio para la capacitación, el entrenamiento en protocolos de actuación y la práctica en campos de tiro? La respuesta es desoladora: la formación continua, esencial para el correcto desempeño de sus funciones, no se considera una prestación ni un derecho, sino un gasto que deben asumir de sus propios bolsillos. El resultado es evidente: elementos con un manejo deficiente de sus armas, desconocimiento de los protocolos y una autoridad que no saben ejercer.

El declive del respeto a la autoridad

La pérdida de respeto hacia la autoridad policial es un síntoma preocupante de nuestra sociedad. Mientras que al ejército se le teme, a la policía se le enfrenta. Este cambio de percepción no es gratuito, sino el resultado de una acumulación de noticias sobre extorsiones, robos y abusos cometidos por algunos elementos. El hartazgo ciudadano se ha transformado en rabia, impulsando a la confrontación y a la grabación de estos incidentes con teléfonos celulares. Ante la falta de protocolos claros y la erosionada autoridad moral, la policía reacciona de manera similar a cualquier civil: con golpes, gritos y la misma rabia contenida. La línea que separa la autoridad del ciudadano se difumina, generando un peligroso vacío de poder. ¿Quién manda entonces? Es una pregunta que resuena con fuerza en este contexto. Cabe recordar que las revisiones de rutina son legales siempre y cuando se realicen para prevenir o investigar delitos, y deben cumplir con requisitos específicos.

La salud mental: un factor determinante

En este cóctel explosivo, la salud mental juega un papel crucial. La agresividad ciudadana frente a la policía, la impulsividad de los agentes y la tensión constante crean un ambiente propicio para la detonación. ¿Actuaron los motociclistas de esa manera porque tenían algo que ocultar o por un rechazo automático a la autoridad? Quizás ambas razones confluyeron en ese fatídico instante. Lo cierto es que si los involucrados hubieran actuado con apego a la ley y los protocolos, hoy no estaríamos lamentando una vida perdida.

Las consecuencias de la tragedia

Un policía enfrenta un proceso por homicidio calificado, con una posible condena de hasta 50 años de prisión. Su futuro, al igual que el de su familia, queda truncado. Un padre llora la pérdida irreparable de su hijo. La justicia, aunque necesaria, se antoja insuficiente ante el dolor causado. Si bien los abusos de autoridad son una realidad cotidiana, no todos alcanzan la viralidad. La diferencia en este caso radica en la existencia de una grabación que expuso la tragedia al escrutinio público.

La deuda pendiente con la sociedad

Como sociedad, nos encontramos en un estado de profunda fractura. La violencia nos corroe desde hace años, y en medio de este caos se encuentran los policías: mal pagados, mal capacitados y maltratados por todos. Es urgente invertir en su capacitación constante y dignificar su labor. De lo contrario, seguiremos siendo testigos de la misma tragedia: ciudadanos contra policías, policías contra ciudadanos, todos perdiendo en esta espiral de violencia.

El futuro del sistema judicial

El 1 de septiembre marcará un cambio significativo en el poder judicial. Este cambio institucional, lejos de aliviar la carga de trabajo, la multiplicará. Como siempre, los ciudadanos serán los principales afectados. Es imperativo que la curva de aprendizaje de este nuevo sistema se centre en la justicia y no en compromisos políticos. Solo así podremos aspirar a un futuro donde la ley y el orden prevalezcan.