La inclusión digital en México avanza a un ritmo esperanzador, pero tras las cifras de crecimiento se oculta una realidad compleja que exige nuestra atención. Si bien celebramos el aumento en la penetración de internet en los hogares de menores ingresos, un análisis más profundo de la ENIGH 2022-2024 nos revela el costo oculto de esta conectividad. Mientras que para muchos el acceso a internet se ha vuelto casi tan esencial como el agua o la electricidad, para las familias más vulnerables representa un sacrificio económico significativo.

Imaginemos por un momento la situación de una familia en el decil más bajo. Han logrado, con gran esfuerzo, acceder a internet, pasando de un 17.7% de penetración en 2022 a un 28.9% en 2024. Celebramos este avance, sin duda, pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿a qué costo? La ENIGH nos muestra que estos hogares destinan el 5.6% de sus ingresos a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), lo que se traduce en aproximadamente $944 pesos trimestrales. Si bien la cifra en pesos parece modesta, representa un porcentaje considerable de su presupuesto, un presupuesto ya de por sí ajustado.

Comparemos esta situación con la de los hogares más ricos, quienes destinan un 2.8% de sus ingresos a las TIC, equivalente a $6,658 pesos trimestrales. La diferencia es abismal. Mientras que para unos es un gasto relativamente menor, para otros implica recortar gastos esenciales como alimentación, transporte o incluso educación. En otras palabras, para las familias de menores ingresos, conectarse significa elegir entre necesidades básicas.

Este escenario nos obliga a repensar el concepto de brecha digital. Ya no se trata solamente de acceso, sino de asequibilidad. De nada sirve conectar a todos si el costo de mantenerse conectado compromete el bienestar de las familias más vulnerables. Estamos hablando de una nueva forma de desigualdad digital, una que se manifiesta en la capacidad de sostener el acceso a internet sin poner en riesgo otras áreas cruciales para el desarrollo familiar.

Observemos ahora la composición del gasto. Más del 84% del presupuesto en TIC se destina a servicios, principalmente recargas y paquetes de datos. Esto nos indica que las familias se esfuerzan por mantener la conexión básica, incluso si eso significa postergar la adquisición de dispositivos más modernos o software que podría impulsar su productividad y educación. Se sacrifica la posibilidad de acceder a herramientas que podrían mejorar sus oportunidades a largo plazo, simplemente para mantenerse conectados en el presente.

Ante esta realidad, el camino hacia una verdadera inclusión digital debe ir más allá de la simple expansión de la cobertura. Necesitamos políticas públicas que garanticen la asequibilidad de los servicios de internet, fomentando la competencia en el mercado y promoviendo la inversión en infraestructura que beneficie a todos los sectores de la sociedad. Además, se requieren esquemas de apoyo específicos para los hogares más vulnerables, que les permitan acceder a la conectividad sin comprometer su bienestar económico.

El desafío es grande, pero no imposible. Lograr una inclusión digital real implica no solo conectar a todos, sino hacerlo de forma justa y equitativa. Implica asegurar que el acceso a internet, una herramienta fundamental para el desarrollo en el siglo XXI, sea un derecho accesible para todos los mexicanos, sin importar su nivel socioeconómico. Solo entonces podremos hablar de una verdadera transformación digital que beneficie a toda la sociedad.