La reciente declaración de Marcela Figueroa, titular del SESNSP, sobre el aumento en las cifras de extorsión ha generado un intenso debate. Figueroa atribuye el incremento del 25.4% a una mayor confianza ciudadana para denunciar, no a un aumento real de los casos. Si bien este optimismo es alentador, es crucial analizar a fondo esta afirmación. ¿Realmente refleja una mejora en la confianza hacia las autoridades o esconde una realidad más compleja?

La extorsión, como bien lo señala Figueroa, es un delito difícil de cuantificar. El miedo a represalias, la desconfianza en el sistema judicial y la normalización de la violencia en ciertas zonas del país, son factores que históricamente han impedido una medición precisa de este flagelo. Las cifras oficiales, basadas en carpetas de investigación, ofrecen solo una visión parcial del problema. La cifra negra, es decir, los casos no denunciados, podría ser significativamente mayor y oscurecer el panorama real.

La entrevista concedida por Figueroa al programa “Horizonte H con Héctor Jiménez Landín” de El Heraldo Radio, arroja luz sobre la estrategia del gobierno federal para combatir este delito. La implementación de una estrategia nacional antiextorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum e implementada por el secretario Omar García Harfuch, se presenta como la respuesta a la preocupante tendencia al alza. Sin embargo, es fundamental que esta estrategia no se limite a un simple aumento en las denuncias. Se requiere un enfoque integral que aborde las raíces del problema, fortalezca las capacidades de investigación y garantice la protección de las víctimas.

El número 089, promovido como una herramienta clave para la denuncia anónima en todo el país, es un paso en la dirección correcta. No obstante, su efectividad dependerá de la confidencialidad que se garantice a los denunciantes y la capacidad de respuesta de las autoridades. Es esencial que la ciudadanía perciba resultados tangibles en la persecución de este delito para que la confianza en el sistema se consolide.

Más allá de las declaraciones oficiales, es imperativo escuchar las voces de las víctimas. Sus testimonios son fundamentales para comprender la dinámica de la extorsión, identificar las modalidades más comunes y diseñar políticas públicas eficaces. Es necesario generar espacios seguros para que las víctimas puedan denunciar sin temor a represalias y recibir el apoyo psicológico y legal que necesitan.

En definitiva, la lucha contra la extorsión requiere un esfuerzo conjunto entre la sociedad y las autoridades. La transparencia en la información, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son pilares fundamentales para construir un México más seguro. Si bien el aumento en las denuncias puede ser un indicador positivo, es crucial no caer en la complacencia y redoblar los esfuerzos para erradicar este delito que afecta a miles de mexicanos.