La reciente declaración del Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, sobre las "sorprendentes" decisiones procesales en los casos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y Rafael Caro Quintero en Estados Unidos, abre un abanico de interrogantes sobre la cooperación judicial entre ambos países. Más allá de la sorpresa, sus palabras apuntan a una discrepancia en los criterios de justicia, una fricción silenciosa que se hace evidente en las negociaciones y tratos que se tejen tras bambalinas en el sistema judicial estadounidense. La afirmación de que "para una parte señalan que no van a transigir y luego resulta que en los procedimientos hay una serie de negociaciones" deja entrever la complejidad de estos casos, donde la justicia parece navegar entre la rigidez de la ley y la flexibilidad de los acuerdos. ¿Qué tipo de negociaciones se están llevando a cabo? ¿Qué concesiones se otorgan y a qué precio? Estas preguntas quedan flotando en el aire, generando incertidumbre y alimentando la especulación.

Mientras tanto, la postura de la Presidenta Claudia Sheinbaum, al responder sobre los mismos casos, se percibe como una suerte de distanciamiento, una declaración que, si bien reconoce los procedimientos judiciales en Estados Unidos, evita cualquier tipo de valoración o pronunciamiento crítico. "Son procedimientos que ocurren en los Estados Unidos a partir de juicios", una frase que resalta la jurisdicción extranjera pero que al mismo tiempo deja entrever una cierta incomodidad frente a la situación.

El contraste entre la perplejidad del Fiscal General y la prudencia de la Presidenta refleja la delicada diplomacia que se requiere en estos casos de alto perfil. La permisión de una reunión entre "El Chapo" Guzmán y su abogado en una prisión de máxima seguridad, mientras se analiza el aislamiento de Caro Quintero, añade otra capa de complejidad. ¿Se trata de un trato diferenciado? ¿Qué implicaciones tienen estas decisiones para la extradición y el intercambio de información entre ambos países?

En paralelo, el caso de Alonso Ancira reabre viejas heridas. La decisión de reiniciar el procedimiento judicial en su contra, tras el incumplimiento del acuerdo de reparación de daño a Pemex, demuestra que la justicia, aunque a veces lenta, puede reactivarse. La doble nacionalidad de Ancira y su residencia en Estados Unidos añaden un nuevo desafío a la búsqueda de justicia. La afirmación del Fiscal General de que "vamos a buscar las garantías suficientes" y que "eso no se puede quedar así" transmite firmeza y determina-ción, pero también plantea la pregunta de cómo se logrará hacer justicia en un contexto de jurisdicciones compartidas y posibles obstáculos legales. La cooperación internacional será clave para el éxito de este proceso.