La tragedia que envolvió a la Escuela Normal Rural “Lázaro Cárdenas del Río” en Tenería nos obliga a reflexionar sobre la brutalidad que aún se esconde tras las paredes de algunas instituciones educativas. La sentencia de 55 años de prisión para Saúl Adrián Barrios Aldana, alias “El Prins” o “El Princes”, por el homicidio de Brayan Isidro Zarco Rivera, es un paso importante hacia la justicia, pero no borra el dolor ni resuelve el problema de fondo. 55 años, un número que pesa como una losa sobre la conciencia de una sociedad que ha fallado en proteger a sus jóvenes. 55 años que representan la vida truncada de Brayan, un joven lleno de sueños e ilusiones que llegó a la Normal Rural buscando un futuro mejor y encontró la muerte a manos de quienes debían ser sus compañeros.

La imagen de Brayan, un joven de Yaonáhuac, Puebla, con toda una vida por delante, desvaneciéndose tras los golpes brutales de la “novatada”, es un recordatorio desgarrador de la violencia que se esconde bajo el nombre de tradición. El "caballazo", una práctica cruel y absurda, se convirtió en su sentencia de muerte. Un infarto, consecuencia de los repetidos golpes, puso fin a su existencia el 12 de julio de 2024, dejando un vacío irreparable en su familia y en la comunidad estudiantil.

La investigación llevada a cabo por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) ha sido exhaustiva, desentrañando los detalles de este crimen atroz. Videograbaciones, testimonios, pruebas irrefutables que señalan a Barrios Aldana como uno de los responsables. Pero la justicia no se completa con un solo culpable. Tres individuos más, aún prófugos, señalan la existencia de una red de complicidad que debe ser desmantelada. ¿Quiénes son? ¿Dónde se esconden? Estas preguntas resuenan con fuerza en la exigencia de justicia para Brayan.

La sombra de la impunidad se cierne sobre la Normal Rural de Tenería. Dos muertes previas relacionadas con estas prácticas y la desaparición de otro alumno dibujan un panorama desolador. La detención del exdirector de la escuela en octubre de 2024 por presunto encubrimiento, revela una posible trama de silencio y protección que ha permitido que estas atrocidades se repitan.

La sentencia contra Barrios Aldana, la multa de 309,424 pesos y la reparación del daño por 237,768 pesos a favor de la familia de Brayan, son un primer paso, pero no son suficientes. Es necesario erradicar de raíz estas prácticas violentas que se escudan bajo el manto de la tradición. Es fundamental que las autoridades educativas implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los estudiantes y que se promueva una cultura de respeto y convivencia pacífica dentro de las instituciones.

El caso de Brayan no puede quedar en el olvido. Su muerte debe ser un llamado a la reflexión y a la acción. Un llamado a la sociedad, a las autoridades y a las instituciones educativas para que se comprometan a construir un futuro donde la violencia no tenga cabida. Un futuro donde los jóvenes puedan perseguir sus sueños sin temor a perder la vida en el intento. La justicia para Brayan es justicia para todos.