La tragedia que envolvió la muerte de Sagid Carreón Calderón en el jacuzzi del hotel Pacifica Resort Ixtapa ha tomado un giro aún más oscuro. Su viuda, Stephania López, no solo enfrenta el dolor de la pérdida, sino también una creciente ola de intimidación y obstrucción a la justicia. En una valiente entrevista con Ciro Gómez Leyva, Stephania relató cómo la escena del accidente fue manipulada antes de que ella pudiera acceder, describiendo un foco con tornillos faltantes, cubierto de algas y humedad, una clara señal de negligencia. Esta imagen desgarradora contrasta con la aparente renovación del cuarto de máquinas, donde, según Stephania, el cableado y las pastillas eléctricas parecían recién instaladas, un intento desesperado, quizás, de borrar las huellas de la responsabilidad.

La lucha de Stephania por la verdad se ha convertido en una batalla contra un sistema que parece proteger al poderoso. La Fiscalía General del Estado de Guerrero, denuncia, no ha dado los pasos necesarios para una investigación exhaustiva, obligándola a contratar peritos independientes que, a su vez, han sido obstaculizados por el propio hotel. Este muro de silencio y obstrucción se ha intensificado con las amenazas anónimas que Stephania ha recibido, mensajes intimidatorios dirigidos a ella, a su hija, e incluso al número de teléfono de su difunto esposo, exigiéndole que cambie de abogado y acepte uno impuesto por quienes buscan silenciarla. ¿Quiénes son estos actores ocultos que operan desde las sombras, dispuestos a intimidar a una viuda que solo busca justicia por la muerte de su esposo?

El abogado de la familia, Omar González, ha destapado una compleja red corporativa que opera el Pacífica Resort. Tres razones sociales, tres escudos legales tras los cuales nadie se hace responsable. La lucha, enfatiza González, trasciende la compensación económica; se trata de justicia, de la reparación integral del daño y, sobre todo, de la prevención. ¿Cuántas familias más deben sufrir una tragedia similar antes de que se tomen medidas reales? ¿Cuántas vidas más deben perderse en la indolencia y la negligencia?

La exigencia de la familia es clara: la clausura inmediata del hotel. Que se detenga la maquinaria de la impunidad y se permita una investigación transparente, libre de la interferencia de quienes buscan ocultar la verdad. La clausura no es un acto de venganza, sino una medida necesaria para garantizar que se haga justicia y que este tipo de tragedias no se repitan. Es un llamado a las autoridades municipales y estatales para que demuestren su compromiso con la justicia y dejen de lado cualquier "compadrazgo" que pueda existir con el hotel. La vida de Sagid Carreón Calderón, la tranquilidad de su viuda e hija, y la seguridad de futuros huéspedes, dependen de ello. ¿Estarán las autoridades a la altura del desafío? El tiempo, y la presión pública, lo dirán.