La tensión política en San Luis Potosí se intensifica a medida que el gobernador Ricardo Gallardo Cardona acusa al ayuntamiento, liderado por Enrique Galindo Ceballos, de orquestar una costosa campaña de desprestigio en su contra. Gallardo Cardona, en un enérgico pronunciamiento, ha solicitado a Meta, la empresa matriz de Facebook e Instagram, un informe detallado sobre las pautas publicitarias realizadas por la administración de Galindo Ceballos. El gobernador afirma que el ayuntamiento ha destinado más de 100 millones de pesos del erario público para financiar una red de portales digitales que difunden información falsa y ataques dirigidos a desestabilizar su gobierno. La gravedad de la acusación radica en la supuesta utilización de recursos públicos para fines partidistas, una práctica que, de comprobarse, representaría un serio atentado contra la transparencia y la ética política.

La polémica se centra en la presunta existencia de un "centro tecnológico" dedicado a la generación de contenido difamatorio. Gallardo Cardona cuestiona la discreción en torno a este supuesto centro, argumentando que, de ser una iniciativa legítima, se habría publicitado a nivel nacional. "Ustedes creen que si existiera este centro tecnológico, lo hubieran difundido a nivel nacional, considerando que se desarrolló un operativo federal por un asunto doméstico", declaró el mandatario, insinuando un posible encubrimiento. Esta interrogante añade una capa de misterio al conflicto, alimentando la especulación sobre la naturaleza y el alcance de las operaciones de este supuesto centro.

El gobernador, aludiendo a la “herencia maldita”, denuncia una estrategia recurrente de difamación basada en la contratación de medios y la propagación de información falsa. Este tipo de prácticas, lamentablemente comunes en la arena política, erosionan la confianza ciudadana y obstaculizan el debate constructivo. La solicitud de información a Meta se convierte en una pieza clave para esclarecer los hechos y determinar la veracidad de las acusaciones. La transparencia en el uso de recursos públicos es fundamental para la legitimidad de cualquier gobierno, y la ciudadanía exige una investigación exhaustiva que arroje luz sobre este asunto.

Recientemente, salió a la luz una lista de 60 empresas que presuntamente recibieron 100 millones de pesos del ayuntamiento de San Luis Potosí para promover la imagen de Enrique Galindo, coincidiendo con el periodo electoral. Este dato añade combustible al fuego de la controversia y refuerza las sospechas sobre el uso indebido de fondos públicos. Ante las acusaciones, Galindo Ceballos ha negado categóricamente cualquier implicación en la financiación de una "guerra sucia" y ha asegurado que las finanzas del municipio están debidamente documentadas. La confrontación de versiones entre ambos mandatarios exige una investigación imparcial que determine la verdad y deslinde responsabilidades.

A este complejo panorama se suma la controversia en torno al Área Natural Protegida (ANP) de San Juan de Guadalupe, parte de la Sierra de San Miguelito. El alcalde Galindo Ceballos ha sido acusado de intentar arrebatar hectáreas de esta zona protegida para favorecer a desarrolladores inmobiliarios. Esta acción, de concretarse, pondría en grave riesgo especies endémicas en peligro de extinción y comprometería el equilibrio ecológico de la región. La Sierra de San Miguelito, declarada reserva protegida por el gobierno federal, cumple una función vital en la recarga de los mantos acuíferos que abastecen a la zona metropolitana. La defensa de este patrimonio natural se convierte en un imperativo frente a los intereses económicos que amenazan su integridad. La comunidad de San Juan de Guadalupe se encuentra en el centro de esta disputa, defendiendo su territorio y exigiendo el respeto a las leyes ambientales. El futuro de esta Área Natural Protegida depende de la acción decidida de las autoridades y de la movilización ciudadana para garantizar su conservación.