La sombra de la violencia se cierne sobre San Mateo Piñas, Pochutla, Oaxaca, dejando un vacío de poder y un manto de incertidumbre en la comunidad. El eco de los disparos que segaron la vida de la presidenta municipal Lilia García y del representante comunitario Gregorio García aún resuena en las calles, un trágico recordatorio de la fragilidad de la paz en la región. El pasado domingo 15 de junio, la tranquilidad del mediodía se vio brutalmente interrumpida por la irrupción de un grupo armado en el Palacio Municipal. En cuestión de minutos, la violencia desatada dejó un saldo irreparable, marcando un punto de inflexión en la historia de este municipio oaxaqueño.

La Fiscalía, en su labor de esclarecer los hechos, ha revelado detalles escalofriantes. El arsenal utilizado por los agresores, que incluía armas de alto poder como rifles AK-47 y AR-15, deja constancia de la brutalidad del ataque. Los 60 casquillos percutidos encontrados en la escena del crimen no son solo evidencia balística, sino un testimonio silencioso del terror vivido en esos instantes. Cinco líneas de investigación se han abierto, explorando las posibles motivaciones detrás de este acto violento. Denuncias previas, tensiones administrativas y conflictos locales que enfrentaba la presidenta municipal se tejen en una compleja red de hipótesis que las autoridades buscan desentrañar.

La tragedia, sin embargo, no termina con el asesinato de Lilia García. El miedo, como una planta venenosa, ha echado raíces en San Mateo Piñas. Los regidores, temiendo correr la misma suerte que su presidenta, han presentado su renuncia, una decisión avalada por la asamblea comunitaria. La renuncia en bloque no es solo un acto de autoprotección, sino un reflejo del profundo temor que se ha apoderado de la comunidad, un temor que paraliza y amenaza con sumir al municipio en un caos administrativo.

Ante este escenario desolador, el Congreso de Oaxaca ha tomado una decisión trascendental: la disolución del Ayuntamiento de San Mateo Piñas. Con 33 votos a favor, los legisladores han dado un paso crucial para intentar restablecer el orden y la gobernabilidad en el municipio. La responsabilidad de guiar a San Mateo Piñas durante los cinco meses restantes de la administración recae ahora en el gobernador Salomón Jara, quien deberá designar a un comisionado municipal.

El desafío que enfrenta el gobernador Jara es enorme. No se trata solo de nombrar a un funcionario, sino de reconstruir la confianza en las instituciones, de sanar las heridas de una comunidad traumatizada y de sentar las bases para un futuro donde la violencia no sea la protagonista. La designación del comisionado municipal es un primer paso, pero el camino hacia la recuperación de San Mateo Piñas es largo y requiere el compromiso de todos los actores involucrados, desde las autoridades estatales y federales hasta la propia comunidad. La esperanza, a pesar de todo, permanece latente, en la firme convicción de que la justicia prevalecerá y que San Mateo Piñas podrá, algún día, dejar atrás la sombra de la violencia y reencontrarse con la paz.