La controversia en torno a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, y la página de Facebook "Acapulco Trends" continúa escalando. Lo que comenzó como una serie de publicaciones críticas hacia la gestión de la alcaldesa, derivó en una sanción por violencia política en razón de género impuesta por el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEE). La discordia gira en torno a la presunta malversación de 898 millones de pesos, una cifra que ha resonado en las redes sociales y ha avivado el debate público.

Jesús Gabriel Castañeda Arellano, director de "Acapulco Trends", defiende su postura argumentando que la sanción es un intento de silenciar las voces críticas y coartar la libertad de expresión. Insiste en que las publicaciones en cuestión se centran en las irregularidades detectadas por la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASE) y no constituyen violencia de género. Castañeda ha expresado su sorpresa ante la sanción, alegando desconocimiento previo de la resolución del TEE y afirmando que se enteró de la misma a través de un periódico local. Este detalle añade un nuevo matiz al conflicto, planteando interrogantes sobre la eficacia de las notificaciones del Tribunal.

Por otro lado, el TEE sostiene que las publicaciones de "Acapulco Trends" trascienden la crítica legítima y se adentran en el terreno de la violencia política en razón de género. La ministra Evelyn Rodríguez Xinol, responsable de la resolución, ha señalado que el lenguaje utilizado en las publicaciones, especialmente en una imagen que hace alusión a la “afición por las mujeres” de la alcaldesa, menoscaba los derechos político-electorales de López Rodríguez. El Tribunal argumenta que este tipo de expresiones, analizadas en su contexto, constituyen violencia verbal dirigida a dañar la imagen y la autoestima de la funcionaria.

La sanción impuesta a "Acapulco Trends" incluye la publicación de una disculpa pública en su página de Facebook durante quince días, una medida que Castañeda considera desproporcionada. Además, el director de la página deberá pagar una multa de 22 mil pesos, tomar un curso de perspectiva de género, consultar bibliografía especializada y permanecer inscrito en el padrón de personas sancionadas por violencia en razón de género del INE durante un año y medio. Estas sanciones, según el TEE, buscan no solo reparar el daño causado, sino también promover la sensibilización y la prevención de la violencia política contra las mujeres.

El caso ha generado un intenso debate en la opinión pública. Mientras algunos defienden la libertad de expresión y cuestionan la severidad de la sanción, otros aplauden la decisión del TEE como un paso importante en la lucha contra la violencia política en razón de género. La controversia pone de manifiesto la compleja intersección entre la libertad de prensa, la crítica política y la necesidad de erradicar la violencia de género en el ámbito público. ¿Se trata de un intento de censura o de una justa aplicación de la ley? La respuesta, sin duda, dependerá de la interpretación de los hechos y del valor que se le otorgue a cada uno de los principios en juego. Lo que es innegable es que el caso sienta un precedente importante y abre la puerta a futuras discusiones sobre los límites de la libertad de expresión en el contexto de la violencia política.