La aparente calma que se respira en el ámbito político mexicano esconde una profunda transformación, una metamorfosis que, bajo el manto de la regeneración y la promesa de un futuro mejor, erosiona los cimientos mismos de nuestra democracia. En los últimos diez meses, hemos presenciado un avance sistemático, una ofensiva quirúrgica contra el orden constitucional que, con la precisión de un bisturí, disecciona los contrapesos y desmantela las instituciones que garantizan el equilibrio de poderes.

No se trata de una simple reforma, de una corrección de rumbo. Estamos ante una sustitución del modelo de Estado, un cambio de paradigma que concentra el poder en el Ejecutivo y silencia las voces disidentes. Las reformas constitucionales, las nuevas leyes, la reconfiguración del mapa institucional, todo se ha llevado a cabo con una celeridad sospechosa, sin debate público, sin análisis profundo, sin la transparencia que exige un proceso democrático. Se han cumplido las formas, sí, pero el fondo ha sido atropellado, violando impunemente el procedimiento legislativo.

La elección popular de jueces y magistrados, presentada como una conquista democrática, se revela como una estrategia para debilitar la independencia del Poder Judicial. La justicia no se fortalece con popularidad, sino con autonomía e imparcialidad. El desmantelamiento del Consejo de la Judicatura Federal, la reducción del Pleno de la Corte, la eliminación de sus salas, son piezas de un mismo rompecabezas: un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo, vulnerable a las presiones políticas y a las lógicas electorales. La reciente resolución del Tribunal Electoral, impidiendo al INE investigar las irregularidades en la elección de jueces, es una muestra clara de esta preocupante realidad.

En nombre de la seguridad, se han aprobado leyes que instauran un sistema de vigilancia masiva sin precedentes. Se ha legalizado el acceso del gobierno a información privada, bancaria, fiscal, biométrica, sin necesidad de orden judicial. La CURP biométrica, obligatoria para todos los ciudadanos, se convierte en una herramienta de control, un instrumento para la identificación, localización y seguimiento de cada individuo. El ciudadano deja de ser sujeto de derechos para convertirse en objeto de monitoreo. El Estado se blinda, la privacidad desaparece. No hay salvaguardas, no hay supervisión, no hay control. El discurso de seguridad se impone al de los derechos, la excepción se convierte en norma, la sospecha reemplaza a la presunción de inocencia.

El sistema electoral, pilar fundamental de nuestra democracia, también ha sido objeto de esta ofensiva. Bajo el pretexto de eliminar la reelección, se ha debilitado al Instituto Nacional Electoral, recortando su autonomía y desmantelando su estructura. Se avanza hacia un modelo en el que el árbitro electoral responde al mismo poder que compite en la contienda. Una democracia sin un árbitro imparcial no es democracia, es una simulación.

La eliminación de organismos autónomos, como el Instituto Nacional de Transparencia, completa este panorama desolador. El acceso a la información pública, la protección de datos personales, la vigilancia de las obligaciones de transparencia, todas estas funciones han sido absorbidas por dependencias del Ejecutivo. El control de la información queda en manos del poder que debería ser fiscalizado. Se cancela la posibilidad de conocer, de exigir, de denunciar. La opacidad se institucionaliza. Ahora, con la desaparición de Compranet y las licitaciones públicas, la corrupción se institucionaliza aún más, sin la necesidad de simular o esconder los negocios turbios de los allegados al poder.

Este patrón se repite con precisión quirúrgica: judicialización de lo electoral, politización de la justicia, vigilancia estatal sin control, supresión de organismos autónomos, concentración de poder en el Ejecutivo. No es casualidad, es diseño. Es una estrategia para concentrar el poder, silenciar la disidencia y controlar todos los aspectos de la vida pública.

Hemos normalizado este proceso, anestesiados por la velocidad de los cambios, la opacidad de sus motivos y la manipulación mediática. Preocupados por la supervivencia diaria, olvidamos que lo que está en juego es el régimen, el Estado de Derecho, la posibilidad misma de la democracia constitucional.

La historia no nos absolverá. Aún es tiempo de resistir, de denunciar, de organizarnos. Porque lo que está en juego no es una alternancia democrática, sino la instalación de un modelo autoritario con ropaje legal. Y cuando la justicia, la transparencia y la libertad se conviertan en demandas imposibles, será demasiado tarde para lamentar lo que entregamos sin defender.