La maquinaria de la 4T, tras sortear los escollos de la reforma judicial, fija su mirada en un nuevo objetivo: las fiscalías generales de justicia estatales. Si bien la narrativa oficial pregona el respeto a la autonomía, los movimientos en el tablero político sugieren una estrategia de mayor control. En los corrillos del poder se susurra sobre una reforma que impactaría desde la estructura interna de las fiscalías hasta la designación de sus titulares y la duración de sus mandatos. El propósito de fondo parece ser el de armonizar, o al menos coordinar más estrechamente, la procuración de justicia con la nueva arquitectura judicial impulsada por el lopezobradorismo.

Esta intención no surge de la nada. Las fiscalías, y los ministerios públicos que de ellas dependen, se han convertido en un cuello de botella para la justicia. Un laberinto burocrático, carpetas de investigación mal integradas y un rezago monumental alimentan a diario la bestia de la impunidad. Aunque aún no existe un proyecto consensuado, la sola mención de una reforma ha generado reacciones. El deslinde de Claudia Sheinbaum del borrador del senador Waldo Fernández, quien proponía el retorno de las fiscalías a la órbita de los gobernadores, y la posterior negativa de Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, evidencian la complejidad del tema y las posibles tensiones internas.

La idea de intervenir en las fiscalías no es nueva. Se viene gestando desde el inicio del sexenio de López Obrador, alimentada por la creciente desconfianza hacia estos organismos y una serie de escándalos locales. Desde Morelos hasta Sinaloa, pasando por Veracruz, Guanajuato y Jalisco, las fiscalías han estado en el ojo del huracán, ya sea por su sesgo político o por su ineficacia para resolver los delitos que más aquejan a la ciudadanía.

Sheinbaum, a pesar de negar intenciones de control, reconoce la necesidad de una profunda sacudida en las estructuras de las fiscalías, una revisión de sus modelos operativos y un replanteamiento en la elección de sus titulares. El trasfondo, expresado por varios morenistas e incluso por el propio presidente, es que el diseño actual ha generado conflictos políticos, parálisis operativa y una notoria falta de resultados. El caso de Nuevo León, con la pugna por el control de la fiscalía encabezada por Samuel García, es un ejemplo paradigmático del estancamiento que se vive en varios estados.

A este panorama se suma un rezago abrumador: miles de carpetas de investigación acumulan polvo en los archivos, mientras los procesos judiciales se enredan en una maraña burocrática, la falta de recursos y las omisiones. El resultado es una justicia inaccesible, lejana para el ciudadano común, y una impunidad que corroe la confianza en las instituciones.

Más allá de los forcejeos legislativos y los posibles madrugues, el país se enfrenta a una urgencia sistémica. Así como se abrió el debate sobre el Poder Judicial, es imperativo revisar a fondo el funcionamiento de las fiscalías. Lo que está en juego es la justicia cotidiana, la que debe responder al ciudadano de a pie, no a los intereses del poder.

La reciente decisión del Infonavit, bajo la dirección de Octavio Romero, de legalizar casas invadidas o con irregularidades, ha generado un clamor de rechazo en diversos sectores. Ante la ausencia de una explicación convincente, se extiende la percepción de que la propuesta atenta contra la propiedad privada y que, de una u otra forma, se premiará a los invasores, grupos del crimen organizado, sindicatos charros y mafias de abogados y notarios coludidos. La medida se interpreta como una legalización de lo ilegal, generando incertidumbre y preocupación en la sociedad.

Y como diría aquel filósofo, cuyo nombre se me escapa ahora: “La impunidad tiene fuero. Y a veces, oficina con placa de fiscal”.