La indignación recorre las redes sociales tras la viralización de un video que muestra la brutal agresión de Jonathan Hernández, de 45 años, contra su propia madre en su vivienda en Pinto Salinas, Caracas. Las imágenes, aparentemente grabadas por familiares, exponen la violencia física y verbal desatada por Hernández tras una acalorada discusión. En el video se observa al agresor gritando y golpeando las paredes, mientras su madre, con una entereza que conmueve e indigna a partes iguales, le insta a que la golpee. Una mujer, presuntamente la esposa de Hernández, intenta en vano separarlo de su madre. Este lamentable episodio pone de manifiesto, una vez más, la cruda realidad de la violencia intrafamiliar, un flagelo que azota a numerosos hogares y que a menudo se oculta tras las puertas cerradas.

Carmen Aurora, de 60 años y madre del agresor, ha presentado la denuncia ante la Policía Nacional Bolivariana (PNB), cansada del constante maltrato físico y psicológico al que la somete su propio hijo. Según su testimonio, esta no es la primera vez que se ve obligada a recurrir a las autoridades. De hecho, afirma haber interpuesto tres denuncias previas en Bolivia, donde reside actualmente, sin obtener respuesta alguna hasta la detención de Jonathan el pasado viernes. Este detalle añade otra capa de complejidad al caso, planteando interrogantes sobre la eficacia de los mecanismos de protección a las víctimas de violencia doméstica en el país andino. ¿Por qué las autoridades bolivianas no actuaron con anterioridad? ¿Qué medidas se tomarán para garantizar la seguridad de Carmen Aurora y evitar futuras agresiones?

La detención de Jonathan Hernández por parte de la PNB abre la posibilidad de que finalmente se haga justicia. Sin embargo, este caso trasciende el ámbito individual y nos obliga a reflexionar sobre la magnitud del problema de la violencia familiar en Bolivia y en toda la región. El escalofriante aumento de las denuncias en la última década, triplicándose entre 2013 y 2023 según datos de la Coordinadora de la Mujer, pinta un panorama desolador. El hecho de que la violencia familiar se haya convertido en el delito más denunciado en 2023 es una señal de alarma que no podemos ignorar.

Más allá de las cifras, es fundamental comprender las causas que subyacen a esta problemática. Factores como la desigualdad de género, el consumo de alcohol y drogas, la falta de educación y la normalización de la violencia en la sociedad contribuyen a perpetuar este ciclo de agresión. Es necesario implementar políticas públicas integrales que aborden estas causas desde la raíz, promoviendo la igualdad, la educación en valores y el acceso a recursos de apoyo para las víctimas.

El caso de Jonathan Hernández y su madre no es un hecho aislado. Representa la punta del iceberg de una problemática profundamente arraigada en nuestra sociedad. La viralización del video ha generado una ola de indignación y ha puesto el foco sobre la necesidad de actuar con urgencia para erradicar la violencia familiar. No podemos seguir mirando hacia otro lado. Es responsabilidad de todos construir una sociedad donde la violencia no tenga cabida, donde las víctimas se sientan protegidas y los agresores rindan cuentas ante la justicia. El futuro de nuestras familias y de nuestra sociedad depende de ello.