La jornada electoral del 1º de junio de 2025 pasará a la historia como un hito en la consolidación democrática de México. No solo por la envergadura sin precedentes del proceso –con 881 cargos judiciales en disputa, incluyendo las codiciadas plazas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación–, sino también por la firmeza institucional demostrada por el Instituto Nacional Electoral (INE) ante los intentos de desprestigiar un proceso ejemplar.

Desde la fase de planificación, éramos conscientes de la complejidad de esta elección. Jamás en la historia de nuestro país se había organizado una contienda judicial de tal magnitud, ni se había implementado un sistema que permitiera a cada ciudadano emitir hasta 39 decisiones en una sola jornada. La logística, la tecnología y el capital humano requerido fueron extraordinarios. Sin embargo, el INE, una vez más, estuvo a la altura de las circunstancias.

Es innegable que, como en todo proceso electoral, surgieron irregularidades. Ante estas, actuamos con la responsabilidad que nos confiere la ley y la confianza depositada por la ciudadanía. No ocultamos nada, no manipulamos cifras. Documentamos cada anomalía, la hicimos pública y, con el respaldo del Consejo General, decidimos no contabilizar en el cómputo nacional aquellos resultados que no cumplían con los estándares de legalidad y certeza. Nuestro compromiso es con la transparencia, no con el silencio; con la legalidad, no con la complacencia.

De las casi 84 mil casillas instaladas, menos del uno por ciento (apenas el 0.97%) fue anulado por irregularidades. En la elección de la Suprema Corte, el 3.23% de los votos fue invalidado bajo criterios rigurosos, lo cual evidencia el alto nivel de escrutinio aplicado. A nivel general, solo el 0.82% de los votos emitidos fue descartado. Aquellos que, sin fundamento alguno, insisten en denunciar un supuesto fraude o una nulidad total, basan sus argumentos en especulaciones que se desmoronan ante la contundencia de los datos.

Mucho se ha especulado sobre el uso de los “acordeones”. Al respecto, quiero ser categórica: hasta el momento no existe evidencia de un uso sistemático ni de una influencia determinante en los resultados. Las denuncias presentadas han sido canalizadas a las instancias correspondientes y se investigarán con el máximo rigor institucional. No obstante, no podemos, ni vamos a permitir, que una narrativa sin pruebas opaque la labor impecable, comprometida y monumental de miles de funcionarios de casilla, de nuestro Servicio Profesional Electoral y de los ciudadanos que defendieron su voto con dignidad.

Algunos han intentado magnificar incidentes aislados para deslegitimar la totalidad del proceso. Sin embargo, la ley es clara: la nulidad de una elección requiere que al menos el 20% de las casillas estén comprometidas, un umbral del que estamos muy lejos. No se puede construir un discurso de caos a partir de un margen estadístico tan reducido, menos del uno por ciento, sobre todo cuando ese margen fue detectado, corregido y eliminado del cómputo por el propio INE.

Comprendo que vivimos en tiempos donde la posverdad y las agendas políticas intentan suplantar a los hechos. Pero la mejor respuesta a la estridencia es la serenidad que otorga el trabajo bien hecho. En esta elección, el INE respondió con datos, no con discursos.

La ciudadanía cumplió. Salió a votar, se informó, participó. Nuestra responsabilidad como institución es estar a la altura de su compromiso. Y así lo hicimos.

Esta elección judicial, con todos sus desafíos, nos deja una lección invaluable: la democracia mexicana es sólida porque se sustenta en una institución que no se doblega ni se silencia. El INE no fue rehén del escándalo, sino garante de la legalidad. Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso de seguir construyendo procesos electorales transparentes, imparciales y al servicio de la voluntad ciudadana. La historia no se escribe con rumores, sino con hechos. Y el hecho del 1º de junio será recordado como un triunfo colectivo de la democracia mexicana.

Por Guadalupe Taddei Zavala

Consejera presidenta del INE