Morelos se ahoga en un mar de promesas incumplidas. Ocho meses han transcurrido desde que Margarita González Saravia asumió el poder, y la esperanza de un cambio se desvanece en el aire como el humo de un incendio que nadie apaga. La realidad, cruda y palpable, contradice el discurso optimista que la llevó a la gubernatura. La violencia, como una bestia insaciable, devora la tranquilidad de los morelenses. Nueve de cada diez ciudadanos viven con el miedo constante a ser víctimas de la delincuencia, una cifra que no necesita mayor interpretación. Los homicidios, las extorsiones, las desapariciones… se han convertido en la macabra banda sonora de un estado sumido en la desesperanza.

Cuernavaca, Cuautla, Jiutepec, Yautepec… nombres que alguna vez evocaron la belleza de Morelos, hoy son sinónimo de terror. El crimen organizado, como una hiedra venenosa, se ha enraizado en el tejido social, operando con una impunidad que resulta insultante. La Familia, el Cártel Jalisco… campan a sus anchas, mientras la autoridad estatal parece observar el espectáculo con una resignación pasmosa. El argumento de que la seguridad es responsabilidad de la Federación suena a pretexto vacío, a una excusa para justificar la incapacidad del gobierno local. La realidad es que Morelos está a la deriva, sin una estrategia clara para combatir la violencia, con una procuración de justicia que existe solo en el papel y una policía que, a los ojos de la ciudadanía, es parte del problema y no de la solución.

Pero la crisis no se limita a la inseguridad. La gestión de González Saravia naufraga en un mar de improvisación. La economía, la educación, el campo, el medio ambiente… todos los sectores estratégicos muestran signos de abandono. El prometido aumento al presupuesto del campo para 2025, por ejemplo, no es más que una declaración sin sustento. No hay proyectos, no hay coordinación con la Secretaría de Agricultura, solo palabras huecas que se las lleva el viento.

En materia ambiental, el panorama es igualmente desolador. Las plantas de tratamiento de aguas en ruinas, los ríos convertidos en cloacas, la deforestación avanzando sin control y la escasez de agua golpeando a comunidades enteras. El programa de educación ambiental, una de las banderas de la gobernadora, no ha pasado del discurso a la acción. Sigue siendo un conjunto de diapositivas de PowerPoint, ajeno a la realidad que viven los morelenses.

La transparencia, otro de los pilares del discurso de campaña, se ha convertido en un espejismo. La promesa de abrir las puertas del palacio se ha esfumado, y el acceso a la información pública se ha vuelto más opaco que nunca. La lucha contra la corrupción, otrora un tema central, ha quedado congelada en el tiempo. A pesar de las amenazas de investigar la gestión de Cuauhtémoc Blanco, González Saravia optó por el silencio cómplice, priorizando la conveniencia política sobre la justicia.

En lugar de la ruptura prometida, lo que se ha visto es una alineación con los intereses de Andrés Manuel López Obrador, un pragmatismo político que ha dejado de lado a los ciudadanos que la llevaron al poder. La percepción de corrupción en las policías estatales y municipales sigue intacta. Los nuevos uniformes y las declaraciones optimistas no han logrado cambiar la imagen de unas instituciones que, a los ojos de la ciudadanía, son parte del problema y no de la solución.

Ocho meses después, la promesa de un nuevo Morelos se ha desvanecido. La realidad es tozuda, y los resultados, o mejor dicho, la falta de ellos, son la prueba irrefutable de que el cambio prometido no ha llegado. Margarita González Saravia tiene ante sí el reto de demostrar que sus palabras no son solo eso, palabras. El tiempo se agota, y la paciencia de los morelenses también.

En Puebla, la “ley de ciberasedio” ha desatado una ola de críticas y descontento dentro de las filas del PAN. Militantes, ex legisladores y consejeros del partido han alzado la voz para expresar su inconformidad con la tibia reacción de Mario Riestra Piña, dirigente estatal, ante una norma que consideran una amenaza a la libertad de expresión. En una carta dirigida a Jorge Romero, líder nacional del partido, exigen una postura firme y contundente, que vaya más allá de las declaraciones de ocasión. Piden la derogación de una ley que, a su juicio, abre la puerta a la criminalización de la crítica y al hostigamiento de las voces disidentes. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN se ha sumado a las críticas, advirtiendo sobre el peligro que representa esta norma para la democracia.

Como diría aquel filósofo anónimo… “La reacción del PAN de Mario Riestra es tan veloz como una conexión a internet en los años 90”.