La sombra de la incertidumbre se cierne sobre el sector inmobiliario. El reciente nombramiento de Octavio Romero Oropeza al frente del Infonavit, tras su controvertido paso por PEMEX, ha desatado una oleada de inquietudes y especulaciones. Su gestión en la petrolera, marcada por pérdidas millonarias que alcanzaron la astronómica cifra de 430 mil 102 millones de pesos en tan solo nueve meses, deja un precedente preocupante. La pregunta que resuena en todos los ámbitos es: ¿está capacitado Romero Oropeza para dirigir una institución tan crucial como el Infonavit? Su formación como ingeniero agrónomo, lejos del expertise financiero y administrativo requerido para el cargo, alimenta las dudas sobre su idoneidad. Más aún, la insistencia del expresidente López Obrador en mantenerlo dentro del gabinete, a pesar de la resistencia inicial, ha levantado sospechas sobre la verdadera naturaleza de su nombramiento. ¿Primaron los lazos de amistad por encima de la capacidad y la experiencia?

La polémica propuesta de regularizar viviendas ocupadas ilegalmente, presentada por Romero Oropeza desde Palacio Nacional, ha avivado aún más el debate. Para muchos, esta medida no es más que una legitimación del despojo, una claudicación ante la incapacidad del gobierno para hacer cumplir la ley. La viralización del tema en redes sociales, con la etiqueta #LegalizandoElDespojo, refleja el malestar generalizado de la ciudadanía. La sombra del pasado perredista de muchos miembros de Morena, con su historial de apoyo a organizaciones invasoras de predios, añade un matiz aún más complejo a la situación. El caso de “Doña Carlota”, la mujer que en un acto desesperado defendió su propiedad en Chalco, Estado de México, se convierte en un símbolo de la vulnerabilidad de los propietarios ante la impunidad y la falta de protección por parte de las autoridades. ¿Se está sentando un precedente peligroso que incentivará la ocupación ilegal de viviendas?

En este contexto de incertidumbre, la reciente reforma al Código Fiscal de la CDMX, impulsada por Clara Brugada, que obliga a los propietarios de viviendas con valor catastral superior a 4.5 millones de pesos a declarar el estado de sus propiedades, añade más leña al fuego. La falta de claridad sobre el destino que se dará a esta información genera desconfianza y temor entre los inversores. ¿Se trata de un primer paso hacia una posible expropiación o un nuevo impuesto? La opacidad que rodea a esta medida alimenta las especulaciones y profundiza la preocupación en el sector inmobiliario. El futuro del mercado de la vivienda se presenta incierto y lleno de interrogantes. ¿Qué implicaciones tendrán estas decisiones a largo plazo? ¿Se está gestando una crisis en el sector? El tiempo lo dirá.